A través de dictamen indica que las instituciones públicas no pueden acogerse a ello y tampoco las privadas que tengan convenio con el Estado. Gobierno anunció que presentará nuevo reglamento

La Contraloría General de la República emitió un dictamen durante la tarde de ayer, indicando que no se ajusta a derecho el protocolo de objeción de conciencia por la Ley de aborto en tres causales, la cual fue promulgada en el 2017 y que indica que se puede invocar en caso de que esté en peligro la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo por violación.

De acuerdo al órgano fiscalizador, no se ajusta a derecho porque “los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”.

Asimismo, indicó que “sólo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina”. No obstante ello, y de acuerdo al dictamen, “las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la Objeción de Conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud , y que forman parte de la red pública de Salud”.

Con ello, el gobierno sufrió un duro revés a la normativa, en especial al Ministro de Salud Emilio Santelices, quien a fines de marzo emitió una resolución donde señalaba que las clínicas privadas podían invocar objeción de conciencia para no realizar abortos, lo que terminó en una interpelación al Secretario de Estado.

Nuevo Reglamento

La ministra vocero de Gobierno Cecilia Pérez, a través de una declaración pública, entregó la posición del Ejecutivo sobre el dictamen, señalando que “no compartimos la decisión, pero comprometidos con el estado de derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país acatamos el dictamen”.

Pérez resaltó que  “el protocolo que dictó este Gobierno, y también el que dictó el Gobierno anterior, se fundaron en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo. La Contraloría, con todo, ha señalado que esta materia debe ser regulada no por protocolo, sino que por la vía de reglamento”.

Finalmente, la secretaria de Estado anunció que  “a la brevedad prepararemos un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo”.