La iniciativa es única en Chile y responde a los lineamientos de innovación social sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Unión Internacional de la Infancia Unicef. La Universidad Católica del Norte será el organismo encargado de ejecutar el proyecto
El Consejo Regional de Antofagasta aprobó la asignación de 620 millones de pesos para la puesta en marcha de un Observatorio para la Infancia y Juventudes, el que tendrá como objetivo el “Implementar un observatorio interdisciplinario, del estado de derechos de niños, niñas y jóvenes que realice transferencia y difusión de conocimiento mediante la gestión y orientación técnica especializada, contribuyendo al desarrollo de políticas públicas de la Región de Antofagasta”, según indica el Proyecto presentado por la Universidad Católica del Norte.
La iniciativa se enmarca en la línea de innovación social incorporada este año por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional. Por tanto, propone la implementación de un sistema que busca alcanzar valor social en la generación de diversos productos que se pondrán al servicio de la comunidad.
Estos productos, poseen particularidades debido al impacto que buscan lograr en poblaciones específicas. Ejemplo, La formación de líderes y sensibilización en materia de derechos apunta a desarrollar competencias en los mismos niños, niñas y jóvenes que son el principal objetivo. Está también la línea de orientación técnica especializada. Capacitar a profesionales directores de programas u otros profesionales en un abordaje multidisciplinario e integral, desde un marco centrado en los derechos humanos.
Es decir, se trata de un proyecto que llevará a contribuir a prevenir y/o superar condiciones que generan un estado de vulnerabilidad en nuestros niños, en particular a aquellos expuestos al riesgo o en riesgo social.
Los objetivos específicos de la iniciativa, apuntan a:
- Evaluar y monitorear el estado de derechos de infancias y juventudes en la región de Antofagasta aportando a los lineamientos de la política local.
- Desarrollar transferencia de conocimiento desde la perspectiva de derechos, tanto en niños, niñas y jóvenes, como en actores claves que trabajan con dicha población a nivel regional, a través de una orientación técnica especializada.
- Visibilizar y poner en valor el conocimiento sobre los derechos de niños, niñas y jóvenes mediante la difusión de los distintos productos y procesos desarrollados por el observatorio.
- Evaluar la sustentabilidad económica del proyecto que permita su continuidad en el tiempo.
Unviersidad Católica del Norte
El proyecto es de tal importancia que ha sido gestionado por más de dos años y finalmente se logró adjudicar a la Universidad Católica del Norte, que propuso y tendrá como misión, poner en marcha este ambicioso plan.
Los motivos no son pocos. Están por ejemplo las listas de espera de niños y niñas derivados de los Tribunales de familia que deberán ser incorporados a Programas de protección especializados en maltrato y abuso sexual infantil (PRM). “Los Programas de Protección Especializados en la reparación del daño asociado a maltrato físico y/o psicológico y/o agresión sexual constitutivo de delito, ejercida en contra de un niño, niña y/o adolescente centran su accionar en contribuir a la protección de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes, promoviendo su recuperación integral (física, psicológica, social, sexual, emocional) a través de una intervención especializada, de reparación frente a las experiencias abusivas que los niños, niñas y adolescentes han vivenciado, que debe asegurar la interrupción del maltrato y proveer de contextos protectores en el proceso. Esta línea de intervenciones se inserta en el nivel de la protección especial de la población infantil y adolescente que se encuentra en situación de vulneración de derechos, calificadas como de alta complejidad y que requiere de un abordaje multidisciplinario que privilegie la integralidad. Especialmente con relación al modo de abordar a cada niño, niña y/o adolescente y a la modalidad de intervención, lo que implica un alto componente de trabajo en red, con un énfasis en la intervención psicológica, lo social y lo jurídica. Esta última alude a la necesaria judicialización de la situación de vulneración de derechos, dado el carácter de delito atribuible al maltrato y a los abusos sexuales hacia la infancia” (Catastro de la Red Programática Sename).
Reacciones
Al respecto, la Consejera Regional Sandra Pastenes quien se preocupó especialmente de que se llegara a concretar el financiamiento para el Observatorio de Infancia, indica: “ según datos que solicité a la Seremi de Justicia,, en la Región de Antofagasta, al 30 de junio, 126 niños y niñas se encontraban esperando su ingreso a un PRM (Programa de Reparación de Menores). Esta es una situación grave, puesto que la no atención a estos niños y niñas, significa que no se interrumpe la situación de vulneración de Derechos que los afecta. Esto puede significar que dicha vulneración se agudice y la necesaria reparación se complique, debiendo recibir tratamientos más especializados aún y/o prolongando el tiempo de atención” “Si bien el Sename Regional ha aumentado las plazas de atención, también aumentan la cantidad de niños y niñas que requieren atención, lo que hace que las listas de espera se mantengan. Es por eso que pedí tomar acuerdo de Consejo para solicitar al Intendente su intervención con el fin de agilizar los trámites y gestiones necesarias, de modo que podamos financiar en lo que queda del 2017, el proyecto que tiene como objetivo construir un Residencia Sename en la Región. Este proyecto fue incluido en la propuesta del presupuesto 2018, pero la situación amerita apurar este financiamiento”
Por su parte, el seremi de Justicia Marcelo Encina comentó que en la región son en promedio cinco mil los niños que anualmente son atendidos por distintos programas del Servicio Nacional de Menores “cifra que uno podría declarar a primera vista como aberrante. Niños que pasan por distintos sistemas, sean por oficinas de protección de derechos, unidades de prevención focalizada, todos los programas que están destinados a hacerse cargo, por vías y orden de los tribunales de justicia de las vulneraciones de que son objeto por parte de sus familias. Entonces el tener un observatorio de la infancia es tremendamente positivo desde el punto de vista que nos permitirá hacer un análisis de la calidad de la intervención que realiza no solamente el Sename, sino también lo que hace el intersector, polque de alguna forma, la labor sobre temáticas de la infancia son una responsabilidad en su conjunto,. Para ver si un niño es reparado por el Estado, porque esa es una obligación del Estado en el caso que sea afectado por su grupo familiar o por alguna persona de la sociedad. Lo cierto es que hay que ver como el Estado reacciona desde la educación, desde la salud y también de los servicios reparadores como son los entes dependientes del Sename. Y para eso necesitamos un análisis objetivo, un análisis desde la academia, de la Universidad, que nos permita determinar las fuentes de esa vulneración, donde están las causas, el origen de vulneraciones que vienen desde el hogar o de otros que vienen de distintos agentes.
Agrega el Seremi que el hecho que el Consejo Regional haya aprobado la ejecución de un proyecto de este tipo, “Es tremendamente positivo y sin dudas, marca un antes y un después en la mirada que tiene la autoridad política, el Consejo Regional hacia la infancia. Sin dudas que es una tremenda contribución hacia el futuro de la Región y hacia un futuro sustentable, porque si nosotros nos preocupamos de los niños estamos preocupándonos del presente y futuro de nuestros niños, como lo decía nuestra Gabriela Mistral”,
Por su parte, el presidente del Consejo Regional Mario Acuña, manifestó que este es un proyecto que no se mira desde el punto de vista político, sino aquí está el bien superior que son los niños. “Esta es una materia que la puso en carpeta la consejera regional Sandra Pastenes por allá por el año 2015. Y surgió a raíz de una realidad que se advirtió precisamente en la provincia El Loa y dada la información que se logró, surgió la necesidad de crear un proyecto de estas características. Al comineo nos fue mal. No existía la línea que dice relación con la Innovación Social en la norma, Hoy si se dan esas instancias, de manera que se hio todos los estudios previos, se reactivó ese plan y fue posible darle cabida en la sanción del Consejo Regional. Lo que uno persigue aquí es toda una red de acción que permita contribuir a tomar acciones para que no suceda lo que todos sabemos. Una de las instancias permitirá el capacitar al capital humano, por cuanto se ha detectado faltan políticas públicas que lleven a capacitar y perfeccionar a quienes atienden a los niños con problemas de vulnerabilidad de sus derechos, por ejemplo”.
Antecedentes del proyecto
Al concretarse esta iniciativa única en Chile, además se responderá a los lineamientos de innovación social sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Unión Internacional de la Infancia Unicef, en la idea de recurrir a fuentes no convencionales de conocimientos y de colaboración, transformando los procesos y las estructuras establecidas, y utilizando los recursos disponibles de Innovación para la equidad. Así todos los niños y niñas tendrán la misma oportunidad de aprovechar al máximo su potencial. En ese sentido, la innovación debe satisfacer las necesidades y promover los derechos de quienes menos tienen, y no simplemente incrementar la abundancia de la que otros ya disfrutan” (UNICEF, 2015: 5).
Se apunta como ámbito estratégico de acción al desarrollo de capital humano y social mediante la creación de un observatorio especializado que puede construir su sustentabilidad con base en una propuesta de valor asociada a la orientación técnica especializada y formación de capital humano avanzado, como estrategia de innovación social en la región. Adicionalmente, se procurará desarrollar actividades que potencien la formación de competencias, tanto en niños y jóvenes, como en profesionales y operadores sociales que trabajan en la red de organismos vinculados a la protección y ejercicio de derechos de infancias y juventudes.
La implementación de las líneas de investigación, intervención social y difusión del Observatorio, se traduciría en un tipo de trabajo creativo, llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos respecto de la situación actual de menores, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad; y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.
En síntesis, las infancias y juventudes son grupos estratégicos hacia los cuales el país debe priorizar, de cara al desarrollo de la sociedad.
Las causas
De acuerdo con cifras entregadas por UNICEF (2015) los países menos desarrollados presentan mayor población de niños y niñas en comparación con países desarrollados e industrializados. Sin embargo, se puede concluir que con independencia del país de origen de estos y a pesar de las condiciones socioeconómicas de los mismos, se ven expuestos de igual forma a situaciones de riesgo y vulnerabilidad social.
Luego de veintisiete años de la declaración de la CDN,(Convención de Derechos del Niño) al desagregar esta información, nos encontramos con que el 20% de las mujeres del mundo más acomodadas tienen 2,7 veces más posibilidades que el 20% de las más pobres de contar con la presencia de un asistente calificado durante el parto. En Asia meridional, las mujeres más ricas tienen casi cuatro veces más probabilidades que las más pobres de disfrutar de este beneficio. A nivel mundial, al 79% de los niños menores de 5 años más ricos se les registra al nacer, pero sólo el 51% de los más pobres gozan del derecho a una identidad oficial. Y mientras que el 80% de los niños que viven en las ciudades tienen su certificado de nacimiento, esto ocurre solamente entre el 51% de los que viven en zonas rurales.
En otro ámbito de los derechos consignados en la CDN, el 20% de los niños más pobres del mundo tienen el doble de probabilidades que el 20% de los más ricos de sufrir retraso en el crecimiento debido a la mala alimentación, y de morir antes de su quinto cumpleaños. Los niños de las zonas rurales sufren una desventaja similar en comparación con los que viven en las zonas urbanas. Casi 9 de cada 10 niños del 20% de los hogares más ricos de los países menos adelantados del mundo van a la escuela primaria, en comparación con sólo cerca de 6 de cada 10 de los hogares más pobres. La diferencia puede ser muy grave incluso en los países de ingresos medios. En Nigeria, por ejemplo, el 94% de los niños de los hogares más ricos asistió a la escuela, en comparación con el 34% de los niños de los hogares más pobres. Independientemente de la riqueza, las niñas siguen sin poder asistir a la escuela.
Por cada 100 niños matriculados en la escuela primaria en África occidental y central, sólo lo están 90 niñas. La exclusión es más grave en la escuela secundaria, donde hay solamente 76 niñas matriculadas por cada 100 niños. Las adolescentes tienen más probabilidades de estar casadas o en unión a los 19 años que sus homólogos masculinos, y menos posibilidades que los niños de tener un conocimiento amplio del VIH.
En Asia meridional, los niños tienen casi dos veces más posibilidades que las niñas de poseer estos conocimientos con los que se pueden proteger a sí mismos. Casi tres cuartas partes (o alrededor de 1.800 millones) de los 2.500 millones de personas de todo el mundo que aún no tienen acceso a mejores servicios de saneamiento viven en las zonas rurales. Los datos de Bangladesh, la India y Nepal, por ejemplo, muestran muy pocos avances entre 1995 y 2008 en la mejora de la cobertura de saneamiento del 40% de los hogares más pobres.
