El presidente del Consejo para la Transparencia  (CPLT), Jorge Jaraquemada, hizo entrega del documento al ministro del Interior para que sirva al debate sobre modernización de las instituciones tras profundización de la crisis de confianza ante casos de corrupción en entidades clave para la democracia

Su preocupación ante  la gravedad de lo que constituiría el que “una municipalidad puede estar siendo permeada por los vínculos del narcotráfico”, manifestó el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada.

Tras hacer entrega del Acuerdo Nacional Anticorrupción al ministro del Interior, Andrés Chadwick, documento de trabajo desarrollado por el organismo que reúne más de 40 propuestas en materia de integridad pública, corrupción y transparencia, y cuyo fin es servir al debate que se ha iniciado en materia de modernización de las instituciones del Estado, el Presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, afirmó que hizo presente al secretario de Estado la preocupación del Consejo “por generar también medidas que estuvieran apuntando a prevenir la penetración de fenómenos como la narco corrupción o el lavado de dinero”.

Junto con manifestar su preocupación al conocerse casos vinculados al narcotráfico en Rancagua y un municipio del sur de Santiago, el titular de Transparencia señaló que acordó con el titular de Interior que el CPLT entregará algunas propuestas en esta línea.

Jaraquemada sostuvo una reunión con el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Jorge Cruz, instancia cuyo fin es establecer espacios de colaboración para intercambiar criterios y desarrollar un trabajo conjunto, por ejemplo en materia de lavado de dinero y narcotráfico.

Tras la cita explicó que el objetivo de esta y otras reuniones que sostendrá con distintas autoridades es instalar el tema entre las propuestas para modernizar las instituciones.

“El Consejo para la Transparencia está empeñado hace algún tiempo en instalar una agenda sobre integridad pública y anticorrupción, y nos pareció que la experiencia que tiene la Unidad de Análisis Financiero es gravitante para ser incorporada en esto, particularmente en temas relacionados con corrupción vinculada al narcotráfico”, subrayó el representante del CPLT.

Humberto Oviedo

Consultado por los medios, Jaraquemada se refirió además a la situación del ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien se negó a prestar declaración ante la jueza Romy Rutherford y recibiera una orden de detención a fin de determinar su procesamiento por malversación de caudales públicos en investigación por uso de gastos reservados.

Sobre el particular el titular del CPLT subrayó “que la Transparencia es un activo que todos nosotros debemos colaborar para construir un país donde la integridad pública y la probidad sean un pilar fundamental del desarrollo institucional y me parece que la transparencia colabora fuertemente a eso, así lo indican por lo demás muchos indicadores internacionales en el sentido de que la transparencia es un fuerte antídoto, precisamente para evitar situaciones que afectan al general”.

Respecto del impacto que podría tener esta decisión el ex uniformado en la rama armada, el presidente del Consejo aseveró que “el general ya está fuera de la rama que representa, por lo tanto, creo que sería injusto atribuirle al Ejército o a otra rama específica un comportamiento de una persona que no depende jerárquicamente de esa institución”.

El Presidente del Consejo agregó, además, que en reuniones sostenidas con representantes de la rama castrense ”lo que yo vi fue una actitud de mucha disponibilidad al cambio, a asumir que los tiempos actuales exigen un nivel de transparencia al cual ellos simplemente no estaban acostumbrados, pero consideran que es necesario transitar ese cambio”.

 Acuerdo Nacional Anticorrupción

El documento de trabajo del Consejo entregado al ministro Chadwick que oficiaba de vicepresidente, reúne más de 40 medidas en materia de transparencia, probidad y ética funcionaria en ocho ámbitos diferentes, entre ellos Poder Judicial, Parlamento, Ministerio Público, entre otros, según constató Jaraquemada.

“El documento fue construido en base a un exhaustivo levantamiento de propuestas presentadas en las agendas de probidad y ética pública de los últimos 25 años –correspondientes a los años 1994, 2003, 2006 y 2015-, que no fueron implementadas por diversas causales, y de un barrido de las mejores prácticas de la experiencia internacional que persiguen prevenir la corrupción y resolver los conflictos de interés que se plantean entre autoridades”, finalizó el Presidente del CPLT.