Por: Jorge E. Orellana Jara. MG en Gerencia Pública. Jefe Regional Subdere Región de Antofagasta
Lo decíamos en un artículo que publicamos para un semanario escrito de la región de Antofagasta: “la historia de los cambios que alimentan de más democracia a la institucionalidad que vamos construyendo en Chile es lenta. A veces extremada e innecesariamente lenta. En Chile. Ese Chile institucional real, nos demoramos años en aprobar iniciativas legales que fortalezcan y revitalicen la participación ciudadana, la democracia y en consecuencia transfieran más poder ciudadano de decisión sobre sus destinos, a los territorios. Pasó con el cambio de los Alcaldes Designados a los electos, y de los Concejales en la post dictadura; pasó también con el proceso de las reformas que implicaron la elección directa de los Consejeros Regionales y sus atribuciones, y para que decirlo con el cambio del sistema binominal, en democracia”.
Pues bien, desde que se creara, por la Presidenta de la República Michelle Bachelet, la transversal “Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, hasta la definición para el año 2020, de la elección directa de los gobernadores regionales, pasaron casi cuatro años.
De algún modo, si bien es cierto, no se pudo avanzar todo lo que, como gobierno, hubiésemos querido, conforme a lo programado, es claro que hemos dado un paso, tal vez el primero y más importante en materia de descentralización politica en los últimos años. Hemos abierto un camino, una ruta para seguir avanzando. Es decir, para ir gradual e institucionalmente transitando desde un Estado Unitario Centralizado a uno Unitario y Descentralizado.
Lo iniciado en el presente cuatrienio no puede, o no debería detenerse, si efectivamente en lo que hasta ahora han obrado las fuerzas políticas, está y se mantiene viva y presente, la convicción politica de que para que Chile se transforme en un país verdaderamente desarrollado, se deben continuar dando pasos para la descentralización politica, administrativa y fiscal o financiera del Estadio de Chile. En este sentido debe quedar muy claro, que lo hecho políticamente, hasta ahora, no es sino el primer paso en un camino que debiese continuar, por ejemplo, con la tramitación de los proyectos de ley sobre fortalecimiento de la regionalización para el traspaso de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales, y bajo cuyo pilar se busca definitivamente dar vida a las divisiones de Fomento Productivo e Industria, Desarrollo Social y Humano e Infraestructura y Transporte, además de la creación del cargo de Administrador Regional. Instancias que, conforme avance el proceso de aprobación de la ley correspondiente, permitirán que en la región, y desde la región, se asuman atribuciones que hoy están en el Estado central y que serán transferidas de manera progresiva y selectiva a esas nuevas entidades públicas.
Lo que pase o no pase de aquí adelante, no solo dependerá de lo que hagan o no hagan nuestras regiones, sus parlamentarios, autoridades o liderazgos políticos vigentes, sino sobre todo de lo que hagamos o no hagamos los ciudadanos, como agentes fiscalizadores y e impulsores, no solo de las leyes aprobadas, sino sobre todo de todas iniciativas que permitan transferir mayor poder de decisión política, administrativa y financiera sobre nuestros territorios. Somos una región rica en recursos de todo tipo, somos un territorio diverso y en cuyo corazón no sólo se esconde lo más preciado de las luchas sindicales y sociales del mundo trabajador, sino también donde se aloja una gran parte del futuro no solo de Chile, en materia de desarrollo minero, energético, sino científico-astronómico a nivel mundial.
Si bien es cierto que hay que reconocer que la tarea de la descentralización y el desarrollo armónico y sostenido de los territorios van de la mano, y debiesen presentarse o encauzarse como signos de mayores grados de equidad e igualdad, en la tarea política y económica de una mejor y más justa distribución de los beneficios e ingresos que generan los territorios, no es menos cierto que gran parte del futuro de nuestras regiones y territorios, en cuanto a su desarrollo, se juega, una vez más, en la capacidad que tengan los agentes o actores públicos y privados, de construir una visión estratégica mínimamente compartida de mediano y largo plazo, que sea capaz de colocar en el centro de sus gestión, no solo el bien común de los ciudadanos que comparten un mismo suelo, territorio o hábitat con sustentabilidad medio ambiental de por medio, sino sobre todo el desarrollo humano regional.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
