A nivel nacional durante el 2023 se aplicaron 756 multas, equivalentes a 8 mil 700 millones de pesos, monto que es un 64% más alto que el de 2022

No contar con el sistema de monitoreo de extracciones efectivas; realizar obras no autorizadas en cauces; extracciones de aguas no autorizadas; extracciones de áridos no autorizadas, y la realización de obras mayores, fueron las principales razones por las que tanto personas jurídicas y como naturales, fueron fiscalizadas y sancionadas por la Dirección General de Aguas (DGA), por su incumplimiento durante el 2023.

Así lo dio a conocer la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien destacó que el año pasado la DGA resolvió un 40% más de fiscalizaciones que el 2022 y aplicó 756 multas por un total de 8 mil 700 millones de pesos, monto que es un 64% más alto que el de 2022.

La ministra López destacó que “el cuidado y protección de los recursos hídricos es una prioridad para nuestro gobierno y es por eso que, desde que asumimos, nos comprometimos con la actividad fiscalizadora y fortalecimos los equipos e invertimos fuertemente en tecnología. Esto hoy tiene resultados: en 2023 logramos aumentar de manera importante los expedientes de fiscalización resueltos y fue el año en el que se aplicaron multas más altas de la historia”.

La secretaria de Estado agregó que “en un país donde cada vez la disponibilidad de agua es menor, donde estamos teniendo una situación hídrica cada vez más estrecha, tenemos que asegurarnos de que los recursos hídricos los gestionamos bien y evitar las infracciones a la ley como la extracción no autorizada, que se llama robo de agua. Desde los territorios se pide una acción cada vez más presente, más efectiva por parte de la Dirección General de Aguas, y es lo que buscamos hacer y avanzar en el futuro, así como hemos dado este salto bien importante durante el año 2023”.

En el balance, la ministra López detalló que de las fiscalizaciones realizadas, el 37% se iniciaron por denuncias de la ciudadanía, mientras que el 63% se hizo por antecedentes de la propia unidad de fiscalización de la DGA.

El director general de la DGA, Rodrigo Sanhueza, detalló que “desde el año 2018 existe una reforma al proceso sancionatorio y esto permite mejorar los procedimientos y la efectividad de cómo los funcionarios del área de fiscalización llegan al terreno a atender las materias que son solicitadas a revisar. Y desde el año 2022, con este programa de fortalecimiento del Departamento de Fiscalización, ha permitido lograr una mayor cobertura en el territorio, aumentar en un 40% nuestras fiscalizaciones y los procesos cerrados durante el año recién pasado. Estamos trabajando para seguir mejorando esto, sabemos que hay mucha necesidad y requerimiento de llegar de manera oportuna”.

Región de O’Higgins

La DGA región de O’Higgins, destacó al ser la tercera a nivel nacional con la mayor cantidad en multas cursadas el 2023, con 12.760 UTM, equivalente a más de $825 millones por infracciones al Código de Aguas.

La seremi del MOP O’Higgins, María de los Ángeles Latorre señaló que “estas acciones reflejan el compromiso continuo de la Dirección General de Aguas en la vigilancia y aplicación de la normativa vigente. Este enfoque proactivo en la fiscalización demuestra el esfuerzo de la DGA, a través de sus funcionarias y funcionarios, por garantizar el uso responsable y la protección de los recursos hídricos en nuestra la región”.

Cabe destacar que en el 2023, se resolvieron 125 expedientes con 40 multas cursadas, demostrando la eficacia y compromiso de la DGA en la gestión de los recursos hídricos. Al respecto, la Directora Regional de la DGA, Dayanna Aravena indicó que “nuestro objetivo no es solamente recaudar, sino más bien, asegurar que el agua se use eficientemente en los territorios, garantizando el derecho humano al agua y generar, obviamente, el soporte tanto ecosistémico como de las actividades económicas que corresponden”.