La representante de O’Higgins aseguró que el nuevo mecanismo de cobro permitirá retener los recursos que los padres deudores mantengan en sus cuentas bancarias y en las AFP

Como una “deuda histórica” calificó la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de Mujeres y Equidad de Género, Natalia Romero, la aprobación de un proyecto de ley que busca mejorar el pago de las pensiones de alimentos en el país, considerando que más de un 80% de las obligaciones se encuentran impagas y nueve de cada diez demandas presentadas en los tribunales de familia son en contra de hombres.

Al respecto, y junto con valorar el apoyo unánime y transversal que recibió la iniciativa, la parlamentaria explicó que la propuesta incluye una serie de cambios que podrán garantizar el pago de las obligaciones, como retener los recursos en las cuentas bancarias que tengan los alimentantes deudores, además de utilizar los ahorros que mantengan en sus respectivos fondos de pensiones.

“Actualmente, en nuestro país el 54% de las mujeres son madres, de las cuales el 81,6% de ellas ganan menos de $500 mil. Además, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, un 46% de las madres no vive con los padres de sus hijos. Y estas cifras son el claro reflejo de las desigualdades que sufren muchas mujeres en el ámbito laboral y económico, como también una clara manifestación de la desprotección económica y emocional a la que se ven afectados los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo la diputada Romero.

Por lo mismo, la representante del Distrito 15 destacó que la nueva medida apunte a priorizar el pago de las pensiones de alimentos por sobre otras consideraciones, asegurando que “tenemos que hacer todos los esfuerzos por evitar que los menores de nuestro país, especialmente los de más escasos recursos, sigan siendo víctima de una violencia económica por parte de sus padres”.

En esa línea, Romero explicó que el nuevo mecanismo de cobro podrá utilizarse cuando el alimentante adeude una o más pensiones, procediendo a que los tribunales de familia investiguen el patrimonio de la persona a fin de retener la mayor cantidad de recursos que tenga a su disposición. Mientras que en el caso de los fondos de pensiones, se establecerá un máximo de retención de acuerdo con los años que le resten a la persona para jubilar, impidiéndoles además que puedan cambiarse de AFP mientras se efectúa el pago de la deuda.

“Lo más importante es que seguimos avanzando en distintas medidas que nos permitan asegurar el desarrollo, el crecimiento y la educación de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. El Estado y la sociedad entera no podía seguir mirando hacia el techo respecto a esta grave crisis, y lo que hoy estamos haciendo es buscar todas las alternativas para que los padres irresponsables cumplan con sus compromisos legales”, reiteró la diputada por O’Higgins, quien finalmente manifestó que “cuidar a los niños y defender sus derechos es tarea de todos, y eso es precisamente lo que estamos haciendo con este tipo de proyectos”, enfatizó la legisladora.