La Sala de la Cámara aprobó por unanimidad el texto emanado de la Comisión Investigadora sobre los actos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros actos del Gobierno, en lo relativo al nombramiento y denuncias sobre la conducta de jueces y empleados judiciales de la región de O’Higgins. Diputada Sepúlveda aborda la aprobación
Con un contundente respaldo de 112 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora que indagó sobre los diversos actos de corrupción cometidos por tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, respecto de los cuales la Corte Suprema decidió remover a estos del Poder Judicial, por resolución firme y ejecutoriada.
En el documento, la instancia estima que los hechos que motivaron la creación de la comisión, referidos a sus nombramientos, así como la recepción, tramitación y resolución de las denuncias relativas a su comportamiento, “son de extrema gravedad, puesto que atentan contra el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la debida administración de justicia”.
Asimismo, se señala que la investigación desarrollada por la ministra en visita, Rosa María Maggi, constituyó un tajante rechazo de estas conductas al interior del Poder Judicial, lo que fue ratificado por la Corte Suprema al remover a estos funcionarios judiciales.
En tal sentido, en el documento se valora esa decisión “que permite restablecer, en parte, la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad y la seguridad jurídica y, además, debe instar a los poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), en sus respectivas competencias, a ejercer con mayor rigurosidad sus atribuciones con el objeto de detectar posibles situaciones similares en otras jurisdicciones, prevenir posibles hechos de corrupción en el Poder Judicial y reformar su institucionalidad, de tal manera de asegurar el correcto ejercicio de la función jurisdiccional”.
El texto aprobado, además, concluye que los sistemas de nombramiento de los ministros de Tribunales Superiores de Justicia, auxiliares de la administración de justicia (notarios, conservadores, etcétera) y también de los fiscales del Ministerio Público, merecen una inmediata y urgente revisión y reforma, puesto que han demostrado tener carencias desde el punto de vista de su formación y control.
Al respecto, la presidenta de la comisión investigadora, diputada Alejandra Sepúlveda, señaló que “hemos tenido un informe de consenso, aprobado primero por la unanimidad de los diputados en la comisión, y luego por la sala, donde en primera instancia reconocemos el tremendo trabajo que realizó la ministra Rosa María Maggi, como representante de la Corte Suprema, quien investigó e hizo un informe tan contundente. Y en este sentido, respaldamos absolutamente lo que ha hecho la Corte Suprema, en relación a los 3 jueces, en este caso, por las circunstancias, a Vásquez y a Elgueta, y su la expulsión del Poder Judicial”.
Asimismo, la parlamentaria del FRVS agregó que “en este informe también planteamos que hay que tener una barrera absoluta entre la función parlamentaria o lo que hace un parlamentario en relación al Poder Judicial, una muralla china entre el Poder Legislativo y el Judicial y la Fiscalía, sobre todo en estas reuniones que se dan y que no tienen la rigurosidad en términos de la información de quién se reúne y cuáles son las materias”. Y en la misma línea, agregó “dejamos claro que para nosotros son muy importante las modificaciones que tiene que realizar el Poder Judicial en relación a la transparencia de los nombramientos, tanto lo referente a la Corte de Apelaciones, como también con los suplentes, con los Notarios, con la conformación de las distintas Salas”.
“Nos parece muy importante que el Ejecutivo, y esa es la petición que nosotros hacemos con las conclusiones, realice esta modernización de los Tribunales o del Poder Judicial, lo más urgente posible, de la misma forma el nombramiento de los notarios. Como asimismo, hemos solicitado, también que se revise absolutamente lo que está ocurriendo en otras Cortes de Apelaciones, esta es una luz amarilla que pasó absolutamente a roja en la Región de O´Higgins, por lo que consideramos que tenemos que aprender de esto y establecer una metodología de monitoreo de todas las Cortes de Apelaciones y de los Tribunales Menores, que nos permitan saber qué está ocurriendo y que no tengamos esta situación tan dramática como la que hoy está sufriendo la Corte de Apelaciones de Rancagua. Porque no es una situación que vive solo la Corte sino la ciudadanía completa, porque aún la región está en una situación de anormalidad en términos de la justicia”.
Finalmente, Alejandra Sepúlveda, se refirió a uno de los puntos más importantes y debatidos durante la comisión y sus conclusiones, como fue la función de “velar por la conducta de los jueces” que establece la Constitución al Presidente de la República, señalando que “en relación a este tema y sobre todo basados en lo que nos plantearon los abogados constitucionalistas que asistieron, incluso el propio Contralor General de la República, no existe claridad sobre el verbo “velar”, entonces lo que estamos solicitando es que exista una aclaración y profundización en relación a este concepto de velar o, en su defecto, retirarlo de la Constitución, porque al final lo único en lo que se transforma el Ministerio de Justicia es el chequear, si corresponde o no, nombrar a determinados jueces, pero esa no es la intención del Legislador en su momento, sino que el velar significaba qué es lo que ocurre con la conducta ministerial, que a mi juicio hoy no se estaría cumpliendo”.
Propuestas de la comisión
En cuanto a las propuestas elaboradas por la instancia, se destaca en el texto aprobado que el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial, hoy regulado en actas de la Corte Suprema, “debe ser consagrado con rango legal, para garantizar un debido proceso y la necesaria defensa del afectado ante cualquier investigación de orden administrativo que se siguiere en su contra, además de optimizar los patrones de objetividad y certeza al interior del Poder Judicial, con miras a asegurar la publicidad para el investigado y su derecho a una efectiva defensa”.
En cuanto al sistema de nombramientos de los jueces y ministros de Corte, de auxiliares de la administración de justicia, fiscales del Ministerio Público y carrera funcionaria judicial, existe consenso en que las normas vigentes deben ser modificadas en orden a limitar sus disposiciones a aquellos principios rectores del sistema de nombramientos de jueces y a los mecanismos para garantizar dichos principios, junto a aquellos atributos mínimos e inexcusables que deben exigirse para el ingreso al Poder Judicial.
Finalmente, la comisión insta al Poder Ejecutivo a tener en consideración en el anteproyecto de ley que está en elaboración, las propuestas que han sido presentadas en el Congreso Nacional, entre otros, la que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público.
