En el marco de su agenda antidelincuencia, que también incluye mejorar las plantas policiales

El candidato presidencial Alejandro Guillier se reunió con el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, con el propósito de intercambiar visiones sobre seguridad en el marco de la Agenda Antidelincuencia que el abanderado de centroizquierda ha puesto en el centro de sus propuestas de Gobierno.

En palabras de Guillier, el combate a la delincuencia genera una sensación de frustración en la población, por lo que en la reunión con las policías se abordó el mejoramiento de los procesos y las plantas de las instituciones policiales, señalando que se deben buscar nuevas formas para asegurar más ingresos de personas a las filas de la institución, creando “incentivos en materia de salud, de previsión, también de mejoras salariales, de capacitación, de perfeccionamiento, de una carrera profesional”.

Asimismo, se trató la posibilidad de que la carrera de policía se pueda alargar más tiempo de manera opcional y con beneficios para aquellos policías que han hecho carreras impecables y cuyo aporte todavía sigue siendo necesario, extendiendo sus carreras de los 5 años actuales a 10 años en un futuro Gobierno.

“Esa es una decisión que toma el Alto Mando en conjunto con el personal, a quien se le solicita permanecer más tiempo en la institución, de manera que ese capital humano que tenemos ahí , ese expertise, se pueda conservar y mantener”, señaló.

Además, el candidato presidencial abordó con Villalobos la posibilidad de revisar ciertos procedimientos investigativos y dar más facultad a quienes investigan al crimen organizado como ocurre en otros países, citando –por ejemplo- la experiencia española.

“En Chile, hoy se combate el crimen organizado con las mismas leyes del robo en la esquina. En consecuencia, la verdad que ni el policía ni el fiscal, nadie tiene la facultad ni atribuciones suficientes para enfrentar estos problemas”, dijo Guillier.

El abanderado reiteró, además, su preocupación con lo que ocurre en la Araucanía, sosteniendo que las personas involucradas en actos de violencia “son no más de 150 personas. Esa es la cifra que manejan todas las instituciones del estado, también la Oficina Nacional de Inteligencia”.