Por: Gabriel Caldes C.  Consultor. MBA, Desarrollo Estratégico y Control de Gestión. Autor del libro “La Industria Sanitaria en Chile, de Cara al Siglo XXI”

Son varias las personas que representan instituciones o grupos que han manifestado que ciertos temas debieron estar en el discurso presidencial recién pasado. Todas opiniones válidas, sin duda, pero lo importante, no es estar mencionado o no en el discurso, lo importante es estar en las prioridades políticas del Estado y el Agua no estuvo en lo primero y tampoco está en lo segundo.  Tampoco se tocó el tema de la descentralización del país, que es otra de las características del conflicto hídrico

Al parecer, el Agua, nuevamente no está clasificada como una amenaza estratégica que puede comprometer el desarrollo económico y social del país y su sustentabilidad. De otra manera, cuesta entender la inmovilidad política que nos ha acompañado los últimos años, incluso para resolver las diferencias relacionadas con la modificación del Código de Aguas, como si el darle seguridad jurídica a los Derechos de Aprovechamientos de Aguas con el nombre de “propietario” o de “titular”, fuera a solucionar la falta de agua.

Durante años se han conformado Mesas del Agua, nominado Delegado Presidencial, realizado Congresos del Futuro y Comisiones Hídrica en el Congreso Nacional, además de Planes y Políticas Hídrica Gubernamentales, que son más descriptivas de la situación actual que propositivas de aquellas actividades que se deben realizar. Por otra parte, están los informes de Universidades u organismos internacionales de OCDE, CEPAL, BID y Banco Mundial, haciendo recomendaciones y advirtiendo de la gravedad de la situación para el país.

En las propuestas de las instituciones mencionadas, entre otras materias, se sugiere adecuar la institucionalidad y gobernanza del agua. Además, desarrollar y desplegar un Plan Nacional Hídrico o Plan Maestro, pero con la participación de los usuarios, organizaciones sociales, políticas, científicas, etc., orientado a realizar acciones concretas, definiendo recursos, roles y compromisos de los distintos actores públicos y privados con metas claras y evaluadas periódicamente con el fin de rendir cuentas, coordinar y analizar los avances.

El profundo proceso de cambios y modernización que enfrentó hace algunos años el sector energético, fue gatillado por la incapacidad de lo público y privado, de dar garantías energéticas futura para el desarrollo del país y el alto riesgo de enfrentar a un “apagón” energético. Uno de los factores de éxito de este desafío, fue el consenso técnico y político del “qué hacer”. Desde la mirada hídrica la situación actual es muy similar en el sentido que estamos comprometiendo el desarrollo integral del país y corremos el mismo riesgo del “apagón” hídrico.

Una de las diferencias que existen entre estos procesos, es el carácter regional de la crisis hídrica. No es lo mismo, tener un sistema interconectado central que abarque todo el país, abasteciendo de energía a las regiones al margen de su condición climática y geográfica, a que cada localidad o ciudad deba velar por su propia fuente hídrica que está condicionada por su condición climática y geográfica.

En lo hídrico, cada región tiene sus propias características y similitudes geográfica, donde salvo la Región Metropolitana, todas cuentan con Cordillera y borde costero, dos puntos que dan origen a las cuencas, donde existen las principales fuentes desde donde se extrae el agua para abastecer la economía regional y el consumo humano. La distancia entre estos dos puntos, van desde 400 km (Mejillones) de ancho, a solo 90 km (Los Vilos). Esto obliga a considerar a las regiones y sus organizaciones, con las singularidades geográficas y climáticas, tengan una activa participación en las propuestas de solución.

Lo concreto, es que sin un liderazgo claro y decidido del Estado y sin una hoja de ruta concordada, que permita saber a los involucrados y la sociedad hacia dónde vamos y como se enfrentará la escasez hídrica y la adaptación al cambio climático en cada región, no es factible esperar un resultado que nos aleje del “apagón hídrico”.

En la población urbana de las grandes ciudades, no se percibe el real dimensionamiento de los efectos del cambio climático y de la escasez de agua que se está enfrentando, a excepción de las élites. A diferencia, de la población rural que la percibe en forma distinta, no solo porque la economía de la localidad se ha vista afectada, si no que muchas de ellas han debido ser abastecidas de agua potable mediante camiones aljibes, para el consumo humano.

Debemos apresurar el tranco y pasar a la acción. Mientras no tengamos la voluntad política de las partes involucradas, incluido el Estado, para llegar a un consenso del cual se pueda diseñar una ruta hídrica al 2030 o 2050, no empezaremos a resolver en forma integral nuestro problema hídrico.

Sin duda han existido avances, pero no son suficiente. En el diagnóstico y las soluciones técnicas es donde más se ha avanzado, pero no se han insertado en un plan o política pública, pero faltan las decisiones políticas para difundir, informar, financiar, modernizar las normas. Casos como los de Petorca, Cabildo, La Ligua, Laguna de Aculeo o de las regiones de Atacama, Coquimbo, norte de la Región de Valparaíso, Chiloé, varias localidades rurales del norte, centro y sur del país y otros, muestran que sabiendo lo que está sucediendo no tenemos una respuesta oportuna.

Tal vez, porque el agua es un recurso natural, tan vital, que la población no concibe que pudiera faltar y asumen que es una obligación del Estado proveerla. Esta afirmación es cierta y políticamente correcta, pero solo en teoría.

El Estado por sí solo, no “puede” asegurarnos el agua y menos su gestión, pero si “debe” tomar las decisiones buscando el beneficio del país y realizar las coordinaciones, modificar de normas, fiscalizar y controlar la gestión hídrica y realizar inversiones que respondan a una política hídrica consensuada para lograr la eficiencia hídrica. Pero esto, tampoco nos asegura su resultado sin la participación de los usuarios que son los que gestionan el agua.

El caso de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica es un ejemplo donde el Estado, que administra directamente el agua y esta es pública, no ha podido resolver la grave escasez de agua y tampoco realizó acciones eficaces para que eso no sucediera y al parecer, la ciudadanía tampoco exigió oportunamente que se tomaran las medidas para evitar el desabastecimiento de agua.  De igual forma los Estados de Singapur, Israel o de California (USA) lograron diseñar modelos técnicos y normativos que les permitió enfrentar exitosamente la escasez estructural de agua.

El documento “Radiografía del Agua” de Fundación Chile, es un documento que se elaboró con la participación de 40 actores públicos y privados, donde se encontraban los principales usuarios, servicios públicos y actores privados relacionados con el agua del país. Lo que se pretende en ese documento, es concientizar y educar a los diferentes sectores y a la ciudadanía en general, sobre la situación del agua en Chile y entrega información por cada región, dándole un sentido de urgencia a la implementación de soluciones concretas.

Es un documento donde se elaboró no solo información técnica de los distintos actores del mundo hídrico, si no que emite una opinión común, que permite facilitar un futuro acuerdo político cuando se analicen y discutan las distintas soluciones y políticas hídricas. Finalmente concluye que, en el futuro existen grandes desafíos para unos y dificultades para otros, que ninguno de ellos se puede enfrentar en forma individual, obligatoriamente debemos tener una mirada común con la mirada en el largo plazo y el foco puesto en la sostenibilidad del país.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.