Por: Edison Ortiz González.  Doctor en Historia. Profesor de la Universidad Santiago de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado

Hace mucho tiempo – inicios de la transición -, cuando hubo un pequeño esfuerzo por producir prensa alternativa y periodismo independiente, recuerdo haber leído en una de esas tantas revistas que apareció y desapareció fulminantemente – Página Abierta – una notable editorial del director de aquel medio, Libio Pérez, cuyo título no recuerdo, pero donde se hacía referencia a la política de segunda división – de Los Potreros en la jerga futbolera antigua-   que suele tomarse los titulares y bajadas de los principales medios  de comunicación en época estival, principalmente en febrero.

La política de febrero es la de la irrelevancia, de los ministros y subsecretarios con (s), de las agendas que no sobrevivirán al calor del verano y donde los medios necesitan llenar espacios para que circule la información. La política clase B de febrero es aquella donde los titulares están de vacaciones y los suplentes (s) dicen cosas por decir. En el decir de Unamuno “hablar por hablar, hablar roto e interrumpido”. Pues a la gente, más aún, a los actores políticos estivales, le gusta hablar, aunque no se diga nada.

Algo de eso es lo que hemos estado viendo en la prensa, en especial la digital. Para ser justos, la mayoría de los chilenos (que están también de vacaciones), casi nunca se enterarán de lo que dijeron durante febrero los subrogantes (s) zutanito o menganito. Claro, a menos que se aparezca algo así como Caval y el asunto se torne grave y tengan que volver los titulares.

Algo de eso ha tenido la actuación del fiscal Pablo Gómez y su intento por terminar sin sanciones el mayor evento de corrupción sistemática del conjunto del sistema político para favorecer los intereses de una empresa privatizada organizada por SQM, mientras van por el mismo camino el financiamiento ilegal de la derecha sostenido por el grupo Penta y los actos flagrantes de cohecho que involucraron a, entre otros, un ministro y un subsecretario de Piñera en favor de empresas pesqueras y mineras. Pero lo más grave ha sido, mientras la ciudadanía está de vacaciones o mirando algunos de los tantos festivales que se han puesto de moda últimamente, el desafío institucional de Carabineros a la fiscalía, órgano constitucional encargado de perseguir los delitos, con la insólita complicidad -no sabemos bien todavía si activa o pasiva- del gobierno. Mientras el jefe de la inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, cuestionaba el proceder de la fiscalía y se impedía por la fuerza un procedimiento investigativo, lo que es muy grave, el gobierno tomó palco sin condenar esta ilegalidad flagrante. El poder ejecutivo pareció transformarse en un poder que solo defiende intereses corporativos, dedicándose solo a “mediar un conflicto entre instituciones”, en circunstancias que debe responder por los actos de Carabineros, institución que le está subordinada jerárquicamente.

A eso hemos llegado. Y de los actores políticos no se ha tenido mayor noticia, frente a un hecho de la máxima gravedad.

¿En qué momento la política subrogante se tomó, también, el resto del año?

Y es que, así como se avizora el panorama la política clase B o de febrero pareciera que se va a consolidar durante el resto del año y la prensa (editores y periodistas) tendrán que hacer cada vez pautas más ingeniosas para generar alguna información relevante.

Por ejemplo, con la tremenda confusión y vacío político reinante, es difícil que Álvaro Elizalde – el mismo que se hizo humo luego de la derrota de Guillier -, Gonzalo Navarrete, presidente irrelevante del PPD, o el PDC, sumergido en la profunda crisis interna y de convivencia, puedan cambiar el rumbo de la agenda pública. En lo que será la oposición a partir de marzo no se ve mucha novedad en el frente

Parece que tampoco lo hará Piñera que ya en sus primeras decisiones, repitió sus debilidades ya conocidas: el personalismo y su falta de cultura política (Piñericosas le llaman) que hacen presagiar un gobierno con escasa iniciativa y que estará con seguridad rodeado no solo de conflictos de interés de sus protagonistas, sino también de la irrupción de protestas ciudadanas y sectoriales. En lo que a partir de marzo será el oficialismo tampoco hay mucho que esperar.

Y es que, pareciera que el conjunto del sistema político ha concluido por hacer suya aquella famosa frase del presidente Ramón Barros en el sentido de que en política “solo hay dos clases de problemas: los que se arreglan solos y los que no tiene solución”, símbolo de lo que también puede ser interpretado como la falta de iniciativa política y el predominio de la desidia que se viene muy bien con estos tiempos y sus principales actores políticos.

De Carabineros, la alta jerarquía eclesiástica, los mandos militares, Penta, Caval y SQM, ya sabemos.

Y es que en el estado de desmoronamiento y crisis moral de las instituciones públicas y de sus representantes, cada vez más los chilenos tendremos que irnos acostumbrándonos a que la política con (s), la de febrero, copará la agenda pública también el resto del año.

Sharp y Jadue: las excepciones

En ese páramo periodístico sobresalen los esfuerzos que están haciendo los alcaldes de Valparaíso (Jorge Sharp) y Daniel Jadue (Recoleta) por copar la agenda pública aprovechando el vacío político reinante y de paso instalar temas relevantes en medio de una pobre agenda política.

Eso es lo que sucede con la política de vivienda social en que está empeñado el edil de puerto al querer convertir en viviendas sociales el antiguo edificio que albergó al famoso bar Liberty o la iniciativa que impulsa Jadue para instalar una inmobiliaria popular que permita arrendar viviendas a precios justos para los sectores populares de su comuna.

Y es que cuando se tiene iniciativa política o convicciones la política clase B vuelve normalmente a los camarines de suplentes desde donde no debió nunca haber salido.

Ni aún en febrero.

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