Amplio trabajo legislativo se ha vivido en los últimos días en la Cámara de Diputados, donde en una semana se sumaron 17 nuevas iniciativas al quehacer de los parlamentarios

Un total de 17 proyectos de ley fueron ingresados a trámite legislativo por parte de diputados en los últimos días, considerando temáticas relacionadas a promover el acceso a medicamentos y productos farmacéuticos, desde el punto de vista económico; impedir que la fertilidad y el embarazo sean considerados para determinar el precio de los planes de salud de las mujeres mayores de 40 años; y sancionar prácticas de cyberbullying o acoso escolar en los establecimientos educacionales.

Con el objeto de impedir los indultos particulares en el caso de los condenados por narcotráfico, surge una moción de parte los diputados UDI: Javier Macaya, Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Álvaro Carter, Sergio Gahona, Celso Morales, Nicolás Noman, Guillermo Ramírez, Osvaldo Urrutia y Gastón Von Mühlenbrock.

El artículo 32 número 14 de la Constitución Política de la República establece expresamente entre las facultades del Presidente de la República el conceder indultos particulares de conformidad a la ley y normas reglamentarias atinentes en efecto, de acuerdo a este cuerpo normativo son atribuciones especiales del Presidente de la República el “Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley.”

El proyecto, firmado por los diputados Javier Macaya y Juan Antonio Coloma, plantea que en gobiernos pasados, los Presidentes de la República beneficiaron en diversas ocasiones a condenados por tráfico de drogas. 56 fueron beneficiados durante la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y 23 durante la primera administración de la Presidenta Bachelet. Ante ello, plantean excluir al narcotráfico del acceso a la clemencia del indulto, introduciendo este proyecto en la ley 18.050 la prohibición de aplicar la institución del indulto presidencial a aquellas personas condenadas por narcotráfico.

Para disponer la operación centralizada de un número único para llamadas de emergencia, nace la idea de parte de los UDI: Jorge Alessandri, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma y María José Hoffmann; de los diputados de RN: Gonzalo Fuenzalida y Paulina Núñez; del PS: Raúl Leiva; PC: Camila Vallejo; y DC: Matías Walker. La moción presentada busca que este número atienda las emergencias que, a la fecha de publicación de la ley, sean atendidas por Carabineros de Chile, Bomberos, el Servicio de Atención Médica Móvil de Urgencias SAMU, Corporación Nacional Forestal CONAF, y, en general, todas aquellas otras emergencias que sean atendidas mediante un número de emergencias, conforme lo determine un reglamento.

Para promover el acceso a medicamentos y productos farmacéuticos, desde el punto de vista económico, la iniciativa fue presentada por los RD: Miguel Crispi; PS: Juan Luis Castro y Patricio Rosas; DC: Víctor Torres y Daniel Verdessi; PC: Karol Cariola; y Poder: Claudia Mix.

El mercado de los medicamentos o productos farmacéuticos es de aquellos que no poseen regulación y se da libremente en nuestro país, sin perjuicio de lo que establece el Código Sanitario. Además, y teniendo presente que el consumo de medicamentos depende de las condiciones de acceso, donde son determinantes, entre otros factores, la capacidad de compra que tengan las personas, el proyecto de ley busca asegurar el acceso a medicamentos y productos farmacéuticos para la población, a través del establecimiento de criterios generales para regular el excesivo precio de los medicamentos o productos farmacéuticos en el mercado.

Asimismo, para modificar la Ley General de Educación, en materia de sistema de evaluación en el nivel de educación básica, la presentaron los PPD Cristina Girardi y Rodrigo González; UDI María José Hoffmann; independiente Camila Rojas; FRVS Alejandra Sepúlveda; y PC Camila Vallejo.

Para modificar la Ley General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying, los UDI Jaime Bellolio, Álvaro Carter y María José Hoffmann; Evópoli Luciano Cruz-Coke y Francisco Undurraga; RD Giorgio Jackson; RN Luis Pardo y Hugo Rey. Entre las modificaciones que buscan incorporar está que se considere como acoso “el envío de mensajes de carácter injurioso o denigrante, la publicación de videos o fotografías que tengan por objeto dañar la imagen de otro, o cualquier otra conducta que tenga por objeto generar un daño psicológico o emocional a otra persona y que alteren la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa”.

A lo anterior se agrega la moción para sancionar prácticas de cyberbullying o acoso escolar en los establecimientos educacionales. De los Evópoli: Sebastián Keitel, Sebastián Álvarez, Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast, Andrés Molina y Francisco Undurraga.

Para incorporar la castración química del agresor como pena accesoria en el delito de violación cometido contra menores de catorce años, el RN Hugo Rey presentó esta iniciativa, donde se indica que la castración química es un método para tratar a delincuentes sexuales mediante medicamentos los cuales tienen por objeto reducir el deseo sexual, teniendo como consecuencia la reducción de la tasa de reincidencia de esta clase de delitos.

El método se efectúa a través de la aplicación de anti andrógenos, que reducen los niveles de testosterona en los hombres, disminuyendo los niveles de andrógenos en el torrente sanguíneo y reduciendo las fantasías sexuales compulsivas de algunos tipos de delincuentes sexuales.

Para impedir que la fertilidad y el embarazo sean considerados para determinar el precio de los planes de salud de las mujeres mayores de 40 años. Los UDI Sandra Amar, Juan Fuenzalida, Sergio Gahona, Javier Hernández, Nicolás Noman, Iván Norambuena, Guillermo Ramírez, Osvaldo Urrutia, Enrique Van Rysselberghe y Gastón Von Mühlenbrock. Este proyecto de ley prohíbe a las prestadoras de salud previsional, considerar la edad fértil y el embarazo, como factor de riesgo en mujeres mayores de 40 años; evitando su uso en los cálculos de las tablas de factores y por consiguiente en las primas de los planes de salud.

Para tipificar el delito de robo de productos hortofrutícolas. De los UDI Osvaldo Urrutia, Ramón Barros, Sergio Gahona, María José Hoffmann Javier Macaya, Nicolás Noman, Guillermo Ramírez, Rolando Rentería, Virginia Troncoso y Enrique Van Rysselberghe. Esta moción se basa en que la delincuencia rural ha experimentado un alza importante, viéndose un aumento en los robos y en el uso de la violencia asociada a estos hechos. Esta criminalidad se traduce en el robo de camiones completos, cargados con frutas de exportación, asaltos a predios para extraer agroquímicos y prácticamente cualquier alimento que sea bien cotizado. Las cifras más conservadoras permiten afirmar que el robo de alimentos a gran escala, asciende a US$ 55,6 millones al año. A ello se agrega que, según encuesta de Fedefruta, seis de cada diez productores frutícolas de Chile han sido víctimas de robos en sus predios durante el último año, y nueve de cada diez en los últimos tres años.

Con el objeto de encomendar al Consejo Nacional de Televisión la labor de difundir información sobre la rentabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones. De los UDI Ramón Barros, Álvaro Carter, Juan Fuenzalida, Sergio Gahona, Nicolás Noman, Guillermo Ramírez, Rolando Rentería, Osvaldo Urrutia, Virginia Troncoso y Enrique Van Rysselberghe. El proyecto establece una modificación a la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión con el objeto de informar a través de este organismo la rentabilidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones cada 6 meses, para otorgarle a las personas y, especialmente a los trabajadores las variaciones que experimenta este índice, como mecanismos de educación ciudadana en un asunto de tanta relevancia como lo es la previsión.

Con el objeto de establecer como causal de indignidad para suceder al difunto, el haber sido condenado por maltrato a menores de dieciocho años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. De los independientes Karim Bianchi y René Saffirio; PRSD Alexis Sepúlveda; PC Karol Cariola; y RD Natalia Castillo. El presente proyecto de ley tiene como objetivo incorporar dentro de las causales de indignidad para suceder a una persona, contempladas en el Código Civil, el hecho de que el heredero haya sido, en relación con el causante, condenado por el delito de maltrato al mayor de edad, discapacitado o menor de dieciocho años.

Para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación. De la PPD Cristina Girardi; PC Karol Cariola y Camila Vallejo; RD Natalia Castillo, Maite Orsini y Gael Yeomans; PS Daniella Cicardini y Emilia Nuyado; Poder Claudia Mix; e independiente Camila Rojas. En septiembre de 2017 se dictó la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, permitiendo el aborto en caso de riesgo vital, inviabilidad fetal y violación sexual. Se trata de un avance en la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, pero que -de acuerdo a los legisladores- no llega a abordar la realidad de las mujeres en el país pues continúan vigentes sanciones penales a quienes decidan interrumpir un embarazo fuera de las estrictas causales previstas en la legislación.

Para reformar la Constitución para consagrar la protección de la vida del que está por nacer desde el momento de la concepción. De los UDI María José Hoffmann, Sandra Amar, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Cristhian Moreira, Rolando Rentería y Renzo Trisotti; y RN Jorge Rathgeb.

Para modificar las Leyes de Copropiedad Inmobiliaria y General de Servicios Sanitarios, en materia de cobro de suministro de agua potable y de responsabilidades por mantenimiento de las redes en condominios de viviendas sociales. De los DC Víctor Torres, Miguel Ángel Calisto, Manuel Matta, José Miguel Ortiz, Jorge Sabag, Gabriel Silber, Raúl Soto y Matías Walker; y PRSD Carlos Abel Jarpa y Marcela Hernando. La iniciativa busca modificar la Ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, y la Ley General de Servicios Sanitarios, contenida en el DFL MOP, Nº 382, de 1987, a fin de limitar el cobro del suministro de agua potable al consumo que indique cada remarcador y de responsabilizar a las empresas de servicios por el mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, junto con entregar facultades de fiscalización e inspección.

Para modificar la Ley General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago. De los RN Ximena Ossandón, José Miguel Castro, Sofía Cid, Aracely Leuquén, Francesca Muñoz, Frank Sauerbaum y Diego Schalper; PS Jenny Álvarez; e independientes René Alinco y Gonzalo Winter.

La legislación sobre telecomunicaciones permite hoy en día, y sin mayores regulaciones, los servicios telefónicos que no cuentan con una facturación o cobro de cargos fijos períodicos, los denominados servicios de telefónica de prepago. Estos servicios, dada sus nulas barreras de entrada, han permitido la masificación de los servicios de telecomunicaciones, sin mayor requisito que la compra del equipo celular o terminal, la adquisición de la tarjeta habilitante necesaria y la carga de dinero en la cuenta de la misma.

Consecuentemente, no existen mayores formalidades en el comercio para la adquisición de los equipos terminales y tarjeta. No se firma un contrato de prestación de servicios, ni una identificación del adquirente, facilidades que han permitido extender el mercado de las telecomunicaciones por uso de equipos celulares a gran parte de la población

El proyecto propone que los usuarios de aquellos servicios de telefonía que no tengan asociados la facturación mensual y/o el cobro de un cargo fijo, deben, antes de iniciar la provisión del servicio telefónico, proporcionar al concesionario de telefonía los datos necesarios para su individualización, en los mismos términos que son requeridos para los usuarios abonados, tales como nombre, domicilio, RUT, así como los datos técnicos del terminal y simcard en caso de que el equipo sea móvil. El usuario del servicio registrado siempre deberá ser mayor de edad.

Para modificar el Código Civil en materia de reconocimiento forzado de filiación. De los UDI Enrique Van Rysselberghe, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Sandra Amar, Nino Baltolu, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, María José Hoffmann, Javier Macaya y Nicolás Noman. La Ley N° 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales atingentes a filiación, es uno de los hitos más importantes en la regulación de esta materia, puesto que viene a reconocer la igualdad de derechos de todos los hijos de filiación determinada, independiente a si han nacido dentro o fuera del matrimonio. Esta ley además, consagra la libre investigación de la paternidad, al establecer el legislador un catálogo de acciones destinadas a determinar la filiación –reclamación e impugnación-, lo que implica, un reconocimiento al derecho de identidad de los hijos, que se encuentra consagrado en la Convención de los Derechos del Niño.

En vista de lo anterior, este proyecto busca eliminar la obligación de dejar constancia en la subinscripción de la sentencia que determina la filiación con oposición del padre o la madre, por ser esta misma vulneradora de los derechos a la intimidad y a la honra, toda vez que hace de público conocimiento, información que debe tener un carácter reservado, habida consideración de la sensibilidad de la misma.

Finalmente, se presentó un nuevo proyecto para establecer un permiso laboral con ocasión del aniversario de matrimonio, cuya génesis es de parlamentarios de RN Francesca Muñoz y Miguel Mellado; independiente Erika Olivera; y DC Miguel Ángel Calisto. La idea es que cada 10 años de matrimonio, todo trabajador tenga derecho a cinco días hábiles continuos de permiso, aumentándose en cinco días cada vez, con tope de quince días. Este permiso será adicional al feriado anual e independiente del tiempo de servicio. Lo podrá utilizar, a elección del trabajador, en el día del aniversario y en los días inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración, considerándose estos días trabajados para todos los efectos legales.