Por: Jorge Pizarro, Senador de la República por la región de Coquimbo

El proyecto que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor se va a aprobar. No sólo porque ya queda muy poco de su tramitación en el Congreso, o porque fue un compromiso de nuestro programa, sino que principalmente porque es una herramienta necesaria, dado los constantes casos en que el comportamiento de algunas empresas ha contravenido una larga tradición de honestidad y transparencia que ha caracterizado al mercado chileno.

Esta iniciativa sufrió un innecesario retraso, inexplicable incluso a la luz del cambio de ministro, pues esta iniciativa es en si misma un buen proyecto, discutido largamente, y  que ya tenía el acuerdo unánime de los comités parlamentarios para despacharlo completamente.

No dudo que la Presidenta de la República entiende la relevancia de mejorar la legislación que protege los derechos de las personas como consumidores, más aún cuando no se apagan los ecos de las sonadas colusiones que han protagonizado empresas que tienen ingresos enormes. Por eso es que está más que claro que octubre será el mes en que terminemos su tramitación y tengamos un nuevo compromiso cumplido.

Dos cosas esenciales pasarán con esta nueva ley. Por un lado, las empresas estarán obligadas a responder los reclamos de los usuarios a diferencia de lo que ocurre hoy que, sólo depende de la voluntad del empresario hacerse cargo de las demandas que haga una persona o un grupo de consumidores. Además, se extiende el plazo de tiempo en que se puede hacer reclamaciones lo que permitirá reducir los desincentivos que hoy en la práctica limitan los reclamos de las personas.

Lo segundo importante, es que el Sernac dejará de ser un organismo decorativo, un “león sin dientes”, para obtener facultades sancionatorias en casos en los que se defraude la fe pública y se atropellen los derechos de la gente que paga por un servicio o un bien.

Para eso, el proyecto también contempla el aumento de multas y dotar de todas las herramientas para impedir malas prácticas de parte de empresas que no cumplan con las condiciones mínimas que ofrecen a sus clientes.

Por supuesto que hay sectores que no quieren que se avance en estas materias. Pues es ya una norma que cada vez que las empresas son interpeladas o compelidas a dar fiel cumplimiento a la ley y  sus obligaciones respecto de sus externalidades, es un sector el que acusa el golpe.

Sabemos que no se pueden oponer de manera pública y clara a una idea tan nítida de defensa de las personas. Lo contrario sería un suicidio político, pero es necesario dejarlo en claro, no han sido sectores de derecha los que han impulsado la idea de empoderar a los consumidores, sino todo lo contrario.

Y es por eso que se requiere que el Gobierno entregue las señales adecuadas a la ciudadanía: es el sector de centro izquierda el que ha empujado esta agenda, con la oposición innecesaria de ciertos grupos empresariales. Lo claro es que si una empresa cumple sus deberes, es honesta en su trato con sus clientes, se hace cargo de las consecuencias de sus acciones, entonces no debe temer absolutamente nada con la  nueva ley.

El comercio descansa única y exclusivamente en una idea: la buena fe de que lo que estoy recibiendo a cambio de mi dinero, es justamente lo que se me ha ofrecido. Sin engaños, sin letra chica.

Hay espacios para observaciones de última hora, pero para lo que no hay espacios es para renunciar a legislar sobre los abusos. Ya la gente no hace vista gorda  a las malas prácticas y engaños. Para muchos, el consumo puede ser una cosa de lo más normal, pero para millones de personas, los recursos que se destinan a las cosas esenciales de la vida moderna, son escasos y no se pueden dar el lujo de pagar sobreprecios, o pagar por productos y servicios deficientes.

Es hora de poner al consumidor primero. Y hay que hacerlo ya.

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