Por: Richard Andrade C. Director Ejecutivo de Poder & Liderazgo
A finales de agosto de este año la presidenta Bachelet envió al Congreso Nacional un proyecto que modifica la Ley de Migraciones del año 1975. Sí, desde 1975 que como sociedad hemos observado como este fenómeno socio-cultural ha estado presente sin hacer nada al respecto. Y tal situación tiene una explicación y esta pasa porque como país solemos evitar abordar aquellos temas que nos hace tomar definiciones concretas, prefiriendo la ambigüedad o simplemente la indiferencia.
Ejemplo de lo anterior es lo sucedido con las actuales leyes sobre el aborto, consumo de marihuana o el matrimonio igualitario, solo por nombrar algunas aristas presentes en un Chile que sigue apostando al desarrollo económico sin detenerse en la necesaria reflexión que implica asumir el verdadero valor de las personas, en desmedro de una mirada netamente económica-mercantil que todo lo distorsiona con indicadores macroeconómicos que pocos entienden a cabalidad.
La iniciativa legal presentada por Bachelet responde, en gran medida, al clamor de los habitantes de las ciudades del norte, pues son Iquique, Antofagasta o Calama las principales urbes chilenas que a diario reciben a miles de extranjeros en busca de una mejor calidad de vida. Obviamente que se valora la decisión de la Presidenta, pues ratifica la tónica de su mandato, atreviéndose a poner en discusión este tipo de temas en virtud que se trata de una realidad que a diario nos afecta y que por lo mismo debe analizarse y discutirse.
Ahora bien, dicho texto legal nos obliga a nosotros como sociedad, a nuestros parlamentarios, a tomar una definición respecto de la migración, pues como país debemos tomar una decisión trascendental y optar por una ley centrada en la Seguridad Nacional o en una Política de Estado que reconozca y valore la riqueza cultural subyacente en cada persona que cruza nuestras fronteras en busca de un futuro mejor, asumiendo con ello el deber de entregar respuestas concretas a los casi 500 mil extranjeros que viven actualmente en Chile.
Tras cada alternativa existen múltiples “pros y contras”, pero honestamente creo que optar por la vía de la Seguridad Nacional es elegir lo sencillo y conocido, replicar experiencias que en muchos casos sólo han acrecentado las diferencias, el racismo, la xenofobia y la intolerancia, cualidades que ninguna sociedad relativamente civilizada debiera de incubar.
Optar por una Política de Estado interdisciplinaria tiene por contrapunto reconocer los derechos de las personas, sin importar su origen, condición social o raza… implica abrir las puertas de nuestra sociedad y enriquecerse culturalmente, conociendo costumbres, hábitos y miradas diversas que al final del día nos hacen mejores personas y con ello una sociedad más humana y consciente del “otro”, de sus anhelos, sueños y esperanzas, pero también de sus derechos y formas de vivir la vida.
Dicho esto, es de esperar que los integrantes del Congreso Nacional aborden con real altura de miras el proyecto de Ley presentado por Michelle Bachelet, que entiendan que como país OCDE, como tanto nos gusta definirnos y vanagloriarnos, debemos aceptar la globalización y los múltiples efectos de ella, siendo la migración una real oportunidad para enriquecer nuestra sociedad.
