Por: Paulina Núñez, Diputada de la República

La Región de Antofagasta, en toda su extensión, desde el mar a la cordillera, es una tierra privilegiada: su geografía nos regala una tierra generosa hasta sus entrañas en riquezas; nos provee de hermosas playas e intensos desiertos a la vez que es atravesada por cordilleras y coronada con uno de los mejores cielos del mundo. Su historia es un pequeño reflejo de la vida patria, pues se ha forjado en el encuentro de culturas y razas, con el sacrificio y bajo un clima riguroso, a la vez que templada por el carácter del minero y el pescador: ambos, pacientes exploradores de la tierra y el mar; ambos, conocedores de los secretos de la vida de la naturaleza; ambos, orgullosos hijos de su esfuerzo y conquistadores de su destino.

A lo largo del pasado siglo, así como del actual, nuestra región ha abierto sus riquezas y las ha compartido con el país; sin embargo, la inversión pública en infraestructura, así como las políticas públicas que permitan equiparar las condiciones adversas de la región con el resto del territorio han estado permanentemente ausentes.

Por otra parte, nuestras riquezas naturales se han hecho sentir de una u otra forma: nuestra tierra, rica en minerales, ha infiltrado en ocasiones nuestras aguas, causando la antigua contaminación por arsénico; y la extracción y procesamiento de estas riquezas han generado que su transporte y acopio, muchas veces descuidado, contamine nuestro aire y suelo. Muchos de estos problemas encuentran su causa en el centralismo, que asfixia a las regiones y determina con esa mirada   la formulación de las políticas públicas necesarias para potenciar a cada región, según su propia particularidad.

Y, en particular, uno de los problemas, derivado de la formulación de políticas públicas, dice relación con la transformación de las ciudades de nuestra región, desde entes vivos y dinámicos, hacia simples dormitorios, habitáculos transitorios al servicio de las actividades económicas.

Este fenómeno, particularmente intenso en la minería, ha ido causando que, si antes en nuestras ciudades encontrábamos transversalmente a ejecutivos y trabajadores, y a las casas matrices como a las faenas de las empresas mineras, hoy, en virtud de la jornada especial de trabajo, conocida coloquialmente como “7×7”, se ha vaciado a nuestra región de uno de sus habitantes más característicos: el minero.

Hoy, los trabajadores de la minería, que antes venían de todo Chile para asentarse en la capital minera del país, simplemente pernoctan junto a nosotros y parten, llegado el momento, raudos a sus hogares, en ciudades que tienen mucha mejor calidad de vida y mejor infraestructura pública.

Ante esto, ¿cómo podemos hacer que la región sea más atractiva para vivir en ella? Si tenemos una tierra privilegiada y hermosa, solo falta que la acción humana en ella sea más intensa: que tengamos más incentivos para la inversión privada y pública, pero, ante todo, que exista una decisión política de avanzar en mantener nuestras ciudades vivas y evitar que, nuevamente, el centralismo genere mecanismos para que, bajo una mal entendida eficiencia, la riqueza de nuestra tierra se reparta equitativamente entre nosotros, los antofagastinos y el resto del país.

Es en este sentido que, junto a un grupo transversal de diputados, presentamos un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo a fin de establecer un requisito para la autorización de la jornada especial 7×7: que los trabajadores y sus familias tengan residencia en la región donde el proyecto minero se ejecute. Con esta iniciativa, esperamos dar el primer impulso para una revalorización de nuestra región, la cual, aun siendo tierra privilegiada,  ha sido descuidada. Y eso, debe remediarse.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.