Por: Manuel Baquedano M. Presidente del Instituto de Ecología Política

El terrible incendio que azotó a Viña del Mar, que según el Subsecretario del Interior dejó 300 casas afectadas y 200 completamente destruidas, se suma a la lista de eventos catastróficos recientes que pasaron de forma repentina de una situación normal a una alerta roja. En la lista también se encuentra el volcán Láscar que hace pocos días hizo erupción cuando estaba en alerta verde. Las comunidades aledañas al volcán y los turistas que estaban de visita ese día se encontraron con una alerta roja inesperada, sin contar con información o preparación previa.

Estos dos eventos, sumados a la situación del volcán Villarrica, demuestran que los sistemas de alarma para incendios, terremotos o erupciones, entre otros, no están cumpliendo la misión para la que fueron creados: prevenir y preparar a la población para enfrentar este tipo de calamidades. Más todavía si consideramos que los eventos extremos ya no son tan sólo de origen natural (impredecibles) sino que son provocados, de forma directa o indirecta, por el ser humano.

Al momento de enfrentar estos desastres, el Estado chileno está fallando en el nivel de preparación de las comunidades y en la comunicación del riesgo.

El sistema de alarma empleado para comunicar el riesgo de ocurrencia de estos desastres se encuentra agotado pues se basa en el símil de los semáforos de tránsito. El color verde indica situación normal, el amarillo es para “estar alerta” y el rojo se utiliza cuando el suceso ya ocurrió y hay que actuar. En este esquema no queda espacio para un nivel de alerta dedicado exclusivamente a la prevención y a la preparación de la comunidad.

Algunos dirán que para esto están los organismos especializados como la ONEMI, bomberos, SERNAGEOMIN, etc. Esto fue cierto en el pasado debido a que los problemas podían ser enfrentados de manera sectorial. Hoy en día ya no es posible porque la naturaleza misma de la amenaza ha cambiado.

La crisis climática es una crisis sistémica: no se puede reducir a algo sectorial. Al contrario, debe ser enfrentada de manera integral por todos los sectores de la sociedad. Debido a la inacción climática que predomina en todo el mundo, la crisis climática se ha convertido en una verdadera hiperamenaza y se encuentra presente en casi todas las catástrofes que ocurren.

Para temas climáticos, el símil del semáforo de tránsito debería ser reemplazado por un sistema de cuatro colores parecido al que se usa para alertar sobre la situación de los volcanes: verde-normal, amarillo-alerta, naranja-preparación y rojo-acción.

Un factor que dificulta la implementación de una alerta naranja o fase de preparación efectiva de nuestra comunidad es el poder financiero y los sectores del Gobierno que consideran que una fase de este tipo puede provocar pánico en la población y perjudicar a la economía y a los negocios que se desarrollan en los territorios potencialmente afectados. Lo que estos sectores olvidan (o pretenden desconocer) es que estamos viviendo una crisis climática que está entrando en una fase crítica y que ya no se puede evitar. Por lo tanto, deberíamos comenzar un proceso de adaptación y colocar a la preservación de la vida por encima de los intereses económicos y políticos.

Nuestro país, por su vulnerabilidad frente a la crisis climática, debería estar ya en un régimen de funcionamiento de emergencia climática. Esto nos permitiría prepararnos desde ahora, en democracia, para enfrentar situaciones extremas; las mismas que serán cada vez más frecuentes en el futuro. De lo contrario, lamentablemente podría ocurrir que, para enfrentar de forma exitosa esta clase de eventos, las comunidades terminen apelando a soluciones autoritarias.

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