Por: Margarita Ducci. Directora ejecutiva de Pacto Global Chile (ONU)
Durante más de 3.000 años, la civilización faraónica floreció en el Antiguo Egipto. Allí se lograron proezas que aún hoy en día nos asombran, como la construcción de las enormes pirámides y la enigmática Esfinge, y convirtieron su imperio en uno de los más esplendorosos del antiguo Oriente.
La COP27, recientemente realizada allí, se desarrolló en medio de una profunda crisis económica, desencuentros políticos y la guerra entre Rusia y Ucrania. Estamos ciertos que no hubo acuerdos potentes y tampoco avances rimbombantes. De hecho, Joe Biden, pese a que asistió, lo hizo de manera decepcionante en materia de compromisos. A ello se suman las ausencias de los mandatarios de los países más contaminantes del mundo como Rusia y China, este último, representando el 32% de la emisión mundial, de modo que, sin ese compromiso, es imposible que podamos avanzar de verdad.
Pero sin duda, la discusión más importante se produjo en torno a la necesidad de un nuevo fondo de financiamiento para ayudar a países más vulnerables por los impactos del cambio climático, lo que ha sido empujado por más de 30 años, por ellos.
El fondo de compensación a las “pérdidas y daños” fue aprobado al final de la conferencia, y pese a esta buena noticia, no se llegó a definir el monto, quién debe pagar y los beneficiarios, quedando un trabajo a futuro, para implementarlo. En cuanto a combustibles fósiles, se acordó “acelerar los esfuerzos” hacia la eliminación gradual del carbón, siendo un tema recurrente hace décadas, mientras la temperatura sigue subiendo.
Chile históricamente ha tenido un rol de liderazgo en la región. Este pequeño país ha tenido la posibilidad de seguir impulsando políticas tendientes a combatir el cambio climático, y si bien los resultados en mitigación puede que no se noten a nivel global, los cambios en materia de innovación, articulación y gobernanza han sido un referente a nivel planetario.
A través del rol de las empresas y el Estado, estamos comprometidos con la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050, la planificación y acuerdos para el proceso de descarbonización, la transición justa y las NDC (Contribuciones Nacionales Determinadas). Fue en Egipto donde Chile introdujo precisamente la Transición Socio Ecológica Justa; lo que significa según la OIT, que la economía sea más verde, abordando simultáneamente las dimensiones medioambiental, social y económica del desarrollo sostenible, justo e inclusivo, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás.
Chile, además, comprometió revertir la tendencia creciente de emisiones de metano, un acierto de la cumbre a nivel global, que fijó reducir sus emisiones en al menos un 30% para 2030. Este acuerdo es muy importante por tratarse de un gas 25 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Para la próxima actualización de las NDC, Chile incluyó ampliar en al menos 1 millón, la actual superficie de protección de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales al 2030 y que el 100% de las áreas protegidas públicas cuenten con planes de manejo vigentes. También se pudieron visibilizar las políticas en materia de generación de energías renovables, como el hidrógeno verde.
La COP27, no solo geográficamente se transformó en un desafío faraónico, sino que metafóricamente, pues alcanzó el máximo nivel de tensiones para alcanzar consensos, y remontar la situación, no fue fácil. Queda claro que, si no se logran acuerdos colectivos potentes, como las mencionadas y otras referidas a las energías limpias, transporte marítimo, transporte de ruta, soluciones basadas en la naturaleza, entorno construido, eliminación de dióxido de carbono, ICT y telefonía y cemento; no es suficiente para la magnitud del problema. La urgencia es inminente.
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