Por: Natalia Dasencich. Encargada de Asuntos Legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo

Uno de los fundamentos de la Cámara de Diputados para la creación de un Ministerio del Agua, con todo lo que eso significa: gabinete, subsecretaría, gabinete de la subsecretaría, entre otros aspectos, es que con la sequía han quedado al descubierto los problemas de nuestra institucionalidad hídrica.

Ello es correcto; pero en parte. Una de las lecciones más evidentes de la sequía, y que no ha sido debidamente explicitada, es que los problemas que aquejan a una cuenca, que de por sí ya es un “microcosmos”,  pueden ser diametralmente opuestos a los que complican a otras. A ello se suma que hemos caído en el error de hablar siempre en términos agregados, como si Chile fuera una sola cuenca.

Por ejemplo, repetimos una y otra vez que el consumo de agua potable representa el 5% de la demanda, y, en base a ello, tratamos de llegar a soluciones; en circunstancias de que ese mantra induce a equivocaciones.

En cuencas altamente pobladas como lo son las del  Aconcagua y Maipo, el consumo de agua potable supera por mucho el 5%, llegando incluso hasta el 80% del río. No obstante, como nos hemos repetido hasta el cansancio el mito del 5%, es sumamente difícil hacer comprender a la ciudadanía que su consumo no da lo mismo. Un ahorro de los sectores urbanos es  determinante para el resto del sistema.

Como caso opuesto, tenemos otras cuencas en que no hay gobernanza de ningún tipo – no existen organizaciones de usuarios que controlen las extracciones– y como la mayor parte del territorio es rural, el agua potable de los habitantes no se encuentra amparada en una concesión sanitaria. Eso se traduce en el peor de los mundos: no hay fiscalización de ningún tipo  y no existe un ente fuerte como la Superintendencia de Servicios Sanitarios que se preocupe – con toda la fuerza legal de esa institución – de hacer cumplir efectivamente el derecho humano al agua.

Este ejemplo de cuencas con problemas opuestos, lleva a pensar que antes de crear soluciones institucionales “de arriba hacia abajo”, de carácter más bien centralista,  quizás sería más razonable lograr desagregar la realidad de cada cuenca y, en base a ello, construir – de abajo hacia arriba- gobernanzas locales que respeten las particularidades de cada hoya hidrográfica. Ello sin perjuicio de que pueda existir un organismo estatal  altamente calificado, e independiente de los ciclos políticos, que produzca información de forma sistemática y confiable para ser puesta a disposición de los usuarios, con el fin de que éstos adopten las mejores decisiones.

Esta misma autoridad podría también hacerse cargo de velar por el cumplimiento efectivo del derecho humano al agua, ya sea en un territorio urbano o rural. Hoy, en los hechos, esa función sólo la está cumpliendo la Superintendencia de Servicios Sanitarios en territorios urbanos cubiertos por una concesión sanitaria. También sería un gran avance que la nueva institucionalidad aborde la resolución de conflictos con un órgano jurisdiccional también calificado, que comprenda la realidad hídrica y que dé garantías de que sus resoluciones tendrán lugar en un marco de reglas jurídicas y técnicas claras.

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