Por: María José Escudero. Directora ejecutiva en Fundación Ronda

El 14 de octubre de 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover sus derechos y bienestar, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. El lema para este 2020 es empoderar a las personas con discapacidad (PcD), algo que ha sido para nuestra fundación el propósito y quehacer desde el año 2014 y que ha costado mucho esfuerzo llevar a cabo debido a que estaban muy normalizados los paradigmas de asistencialismo en torno a la discapacidad.

Asimismo, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas se compromete a “no dejar a nadie atrás” y para que ello suceda, hay que garantizar su inclusión en igualdad de oportunidades y condiciones.

Las PcD son la minoría más amplia en el mundo y suelen tener más dificultades que otros colectivos en todos los niveles, sobre todo en el acceso a la educación, al mercado laboral, y dificultades económicas. Esto se debe principalmente a la falta de recursos que contribuyan a facilitarles la vida, como por ejemplo acceso al transporte, o a la información, en el caso de la discapacidad sensorial. Todo esto, sumado a la discriminación social y prejuicios que a veces existe en su entorno, además de la falta de legislación adecuada, hacen que la vida de las PcD sea más difícil.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y firmada por 180 países, y que Chile ratificó en 2008, señala que: “La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales”. Y pide que las PcD puedan llevar una vida autonoma, independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Es necesario y urgente que nuestro país tome las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos para que su inclusión socio laboral sea en igualdad de oportunidades, condiciones, derechos y obligaciones.

Según el último Estudio Nacional de Discapacidad (Endisc), elaborado en 2015, en nuestro país un 16,7% de la población vive con alguna discapacidad, es decir 2.836.818 personas, donde un 50% de ellas pertenece a los dos quintiles más pobres.

Uno de cada 5 hogares en Chile tiene a una PcD en su núcleo familiar, y si consideramos el aumento del desempleo desde el estallido social y la actual pandemia, hoy tenemos la necesidad de volcar nuestra mirada como sector público, privado y sociedad en general, a darles medidas de protección y apoyo real estas familias que hoy más que nunca nos necesitan.

En paralelo, deseamos profundamente que cada una de las personas que habita en nuestro territorio esté dispuesta a educarse en estos temas. La ignorancia es la mayor causa de la discriminación que existe en torno a las PcD, el contexto es el que generará un mayor o menor grado de discapacidad a la persona y este lo construimos todos y todas. Como dijo un día Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando incansablemente para facilitar espacios de empoderamiento para PcD y sus redes de apoyo y para abrir espacios de inclusión socio laboral efectiva, donde las organizaciones se transformen en inclusivas desde su ADN, para construir en conjunto una sociedad más justa, empática y que valore las diferencias.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.