Por: Flavia Torrealba D. Presidenta nacional Federación Regionalista Verde Social
Este miércoles 18 de enero a las 08.00 am el Comité de Ministros debe pronunciarse sobre “Dominga”, que por el momento se encuentra aprobado. Este proyecto no es nuevo ni novedoso para el país. Es una iniciativa del consorcio minero Andes Iron SpA, de capitales chilenos, que fue presentado al Sistema de Evaluación Ambiental, SEIA, el 13 de septiembre de 2013 y rechazado ambientalmente por la Comisión de Evaluación Ambiental en 2017 (R. Exenta N°25 del 14.03.17).
Ante este rechazo, el titular presentó diversos requerimientos, siendo el último ante al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que en fallo del día el 16.04.21, anula la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Coquimbo. Esto significó una nueva votación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo donde el proyecto fue calificado de manera favorable mediante resolución exenta N°161 de fecha 24 de agosto de 2021.
Esta iniciativa que no cuenta con licencia social, ha sido mencionada en los “PANDORA PAPERS” por los conflictos de interés que lo cruzan, y su rechazo es fundamental para garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y sostener la idea de un gobierno ecologista.
Técnicamente el proyecto generaría impactos significativos para la salud de las personas, daños a los recursos renovables y medio humano, afectación a áreas y recursos protegidos (marinos, bentónicos y otros), deterioro del paisaje y del turismo, así como del patrimonio natural en general.
En consecuencia, se han pronunciado diversos gremios, tales como: la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA); la Federación Nacional de Trabajadores/as Públicos del Medio Ambiente (FENATRAMA) y la Asociación Nacional de Funcionarios (as) del Ministerio de Medio Ambiente (ANFUMMA), quienes han dado cuenta de las inconsistencias que ha tenido el proceso de aprobación del mismo; la ausencia de consideraciones técnicas relevantes; líneas de base deficientes y múltiples presiones políticas. Esta situación de conocimiento público, sumado al sentido común que prima por proteger un área prístina y de excepcional riqueza marina, han alentado una importante adhesión ciudadana en oposición a la minera.
Importante es entender la envergadura del proyecto y el área de emplazamiento. Éste se divide en tres sectores: Sector Dominga, en el que se encuentran las instalaciones asociadas a dos zonas de explotación minera a cielo abierto denominadas Rajo Norte y Rajo Sur, planta de procesos, un depósito de lastre y un depósito de relaves espesados, además de todas las obras e instalaciones auxiliares asociadas a estos procesos.
Asimismo, contempla un Sector Lineal, en el cual se emplazarán dos acueductos, un concentraducto, una línea de transmisión eléctrica de 66 kV y un camino de servicio y, finalmente, el Sector Totoralillo, en el cual estará desplegada la infraestructura asociada al sistema de espesado, filtrado, almacenamiento y embarque de concentrado de hierro, así como las obras para la captación, planta desalinizadora, impulsión de agua y descarga de salmuera al mar. Su vida útil es de tan solo 22 años.
Rechazar el proyecto minero Dominga por parte de las autoridades gubernamentales es lo coherente, a la luz de la evidencia científica que alerta sobre los impactos ambientales, sociales y económicos, derivados de la dramática pérdida de biodiversidad y emergencia climática que estamos enfrentando, así como la innegable importancia que tiene para nuestro país la salud del océano y el rol que juega la protección de los ecosistemas marinos en las estrategias nacionales de mitigación y adaptación al Cambio Climático.
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