Por: Juan Luis Castro G. Diputado por la región de O’Higgins

Escuchar de boca del ex ministro Jaime Mañalich, que finalmente el escandaloso trato en torno a los 4 mil millones de pesos por el uso de Espacio Riesco por pandemia, no es más que una disputa comercial, en la que existen diferencias en la cifra a cobrar, es la evidencia palpable del riesgo al que nos sometemos cuando la brújula apunta al bolsillo.

Y es que, al ver los entretelones del negocio en torno a la pandemia del Espacio Riesco para ser usado como un hospital de campaña sin camas críticas, nos volvemos a encontrar con esta lógica de los privilegiados, que miran al resto del país, o con soberbio paternalismo o derechamente con interesado desdén.

No importa la urgencia o el contexto, es tal la falla de esta brújula, que frente a la necesidad imperiosa o el bien de la mayoría, se anteponen los intereses de señores pagadores, porque todo indica que la elección del centro de eventos, no fue más que una oportunidad de reconversión empresarial, para un negocio que por efecto del Covid, iba enfrentar meses de inactividad a causa de las cuarentenas y restricciones, como todos los microempresarios ligados al rubro de los eventos y la entretención.

Un negocio que se anunciaba, por cierto, con un costo equivalente según el gobierno por menos de lo que le sale al país un parlamentario al mes, pero que podría terminar costando más de 50 millones pesos diarios por 4 meses de funcionamiento.

En este punto, es cuando la revisión de la gestión territorial se nos hace más urgente, puesto que ante los hechos conocidos, cabe preguntarse si esa falta de sentido esencial, no opera en la actualidad regional. Hay inversiones cruciales que duermen bajo la indolencia del gobierno y que parecen seguir la misma lógica.
De hecho, buena parte del territorio regional lleva años esperando, que se concrete una carretera segura a San Antonio, que no reciba el sacrificio de la sangre inocente de miles, que han perdido la vida, en la llamada carretera de la fruta. No podría ser peor la noticia, si lo que mueve la brújula de la intendencia Regional de O’Higgins son los intereses particulares de quienes se ven beneficiados económicamente, por sobre la necesidad de comunas enteras que viven la actual ruta, como una herida abierta que supura, de tiempo en tiempo, con la pérdida de una vida.

Y es que al revisar el proyecto ya licitado queda en evidencia, que apenas 12 kilómetros de los más de 100 de trazado son en doble pista. Luego, la promesa de seguridad no es tal, ya que el camino H-66 como lo nombra el propio MOP, está lejos de ser una carretera moderna de alto estándar, es más bien la entrega de un espléndido negocio para la empresa concesionaria, en desmedro, otra vez, de la inmensa mayoría.

En los hechos, Sacyr cobrará peaje por transitar por el mismo camino actual que recibirá cambios puntales sin aumentar su capacidad vial ni mejorar la seguridad de las comunidades aledañas, por cierto, la empresa española tiene otras 7 concesiones estatales en Chile por tramos de rutas, autopistas urbanas y la construcción del hospital de Antofagasta .

La propuesta ganadora de la empresa española, se realizó a través de la aceptación de informes de impacto ambiental desactualizados, que sospechosamente benefician intereses corporativos y empresariales ligados al movimiento de tierra, al tiempo que destruyen el entorno geológico y ambiental de áreas de interés ecológico y productivo del valle del Cachapoal.

Un sacrifico que se pagará en pérdidas de vidas humanas: un peaje inaceptable para todos quienes queremos el bienestar y el progreso de O’Higgins. Lo que en Palacio aún no terminan de entender, es que las cifras más importantes del país, no se miden en utilidades, sino en las vidas que logremos salvar.

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