Por: Hernán de Solminihac. Director de CLAPES-UC. Ing. Civil UC. Ph.D. U. de Texas. Exministro de Minería y Obras Públicas

Parte de nuestra infraestructura pública, presente en cada lugar e instante del diario vivir ha sido dañada este último tiempo, pero más allá de ello, son las personas y su calidad de vida quienes han experimentado un enorme y negativo impacto.

De acuerdo con un análisis de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) el costo de reponer el stock de capital que fue devastado producto de la violencia y actos destructivos, asociada a los eventos ocurridos durante el estallido social, ascendía a US$4.579 millones, donde alrededor del 51% corresponde a reconstrucción de infraestructura pública y el resto a edificación no habitacional.

El comité de expertos del PIB tendencial por su lado, redujo el crecimiento proyectado de largo plazo de 3,0% a 2,8%, en parte producto de la mayor aversión al riesgo de inversión y extranjeros producto de la incertidumbre y del deterioro de la confianza empresarial. Es obvio, la destrucción trae consecuencias.

Un primer punto sería que genera un gasto público destinado a reconstrucción, que podría haber sido destinado a fines sociales, educativos, culturales, de salud, nuevas obras públicas, entre otros. Otro punto sería la reducción del potencial de crecimiento y desarrollo del país, que finalmente se traduce en mejor estándar de vida de las personas. Por supuesto, hay muchas otras consecuencias.

Si bien el clamor social ha comenzado a tener frutos con los acuerdos logrados (por ejemplo, en el área de pensiones, reducción de dieta parlamentaria y el llamado a nueva Constitución), ha experimentado un retroceso en otras áreas, y con esto me refiero a las consecuencias del vandalismo y destrucción ocasionado por grupos minoritarios. Una situación ejemplificadora del retroceso es el significativo aumento en el tiempo de viaje y la reducción del nivel de servicio durante los traslados.

Los trabajadores llegan más cansados a sus casas y al trabajo, reducen su tiempo de calidad con sus familias, han visto reducidos los espacios seguros de distracción y esparcimiento, incluso los lugares de abastecimiento. Es imposible que esto sea una mejora. Para poder avanzar hacia un Chile mejor, menos desigual y con paz social necesitamos detenerla violencia y la destrucción.

Esperemos que se comiencen a implementar las medidas propuestas y las que vendrán, para así avanzar en confianzas y con ello, que la economía pueda recuperarse prontamente en beneficio de la ciudadanía.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.