Por: Margarita Ducci B. Directora ejecutiva de Pacto Global Chile (ONU)
Chile asumió la presidencia de la COP25, período que se extendió a dos años, debido a la pandemia, hasta que se realizara la COP26, en Glasgow. Este tiempo de liderazgo fue un impulso para que el país avanzara en materia medioambiental, con logros tan importantes como la gestión para alcanzar la Ley Marco de Cambio Climático, recientemente promulgada, la Estrategia Climática de Largo Plazo, la planificación y acuerdos para el proceso de descarbonización, la transición justa y las NDC (Contribuciones Nacionales Determinadas), siendo Chile uno de los primeros países del mundo en presentar sus NDC ante la ONU.
Es en ese transitar que Chile llegará a la COP27, mostrando avances de gobernanza en materia medioambiental, así como también, acciones en el proceso de descarbonización, generación de energías renovables, electromovilidad, y reducción de emisiones, debido al compromiso creciente del sector productivo y de una mayor sensibilización de la ciudadanía.
Más aún cuando ya formamos parte del tratado de Escazú, y en momentos en que el análisis de los temas medioambientales, para plasmarlos en una nueva Constitución, abrieron un diálogo que aún debe continuar, sobre cómo resolver el gran desafío de poner en valor la protección de los ecosistemas, mantener y recuperar los bienes comunes, y apuntar a una producción, extracción y consumo, sostenibles.
En la COP26, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se destacó, por ejemplo, el acondicionar 36.000 viviendas al año; aplicar en el 50% de las regiones de Chile políticas de suelo e integración social y la implementación de nuevos estándares de aislación térmica en edificios, para ahorrar un 50% en calefacción al 2030 y al 2050, lograr el 100% de trazabilidad de residuos de la construcción y demolición.
En ese contexto, en la COP27, Chile se unirse a los países que se comprometen a incorporar la sostenibilidad como eje en su desarrollo, y hacer frente, -entre otros temas-, a la megasequía y la crisis hídrica y alimentaria que se desatará como consecuencia del cambio climático.
Nuestro país debe continuar liderando e impulsando políticas de eficiencia energética, generación de energías verdes, criterios de adaptación y mitigación, medidas de prevención frente a riesgos de desastres, electromovilidad en el transporte público y particularmente, asumir una gestión eficiente del agua, gestión de residuos, pasando por el ordenamiento social y territorial sostenible. En todas estas temáticas, el Estado de Chile ha comprometido su adhesión, como enorme desafío al 2050, por lo tanto, estamos en medio del camino.
En el informe del “Costo Humano de los Desastres”, de la UNDRR (Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres) se entregan cifras impresionantes, sobre las pérdidas estimadas en distintos rubros, producidas por el cambio climático, y el costo de los alimentos proyectado debido las sequías y otros fenómenos, que se estima en un 84% a 2050.
En la COP27, en el concierto internacional, después de presenciar terribles desastres en distintos lugares del mundo, y el sufrimiento de las personas afectadas, se hace imperativo acelerar el paso para combatir con decisión y convicción el calentamiento global, expandir previamente, la toma de mayor conciencia, impulsar el desarrollo de las energías renovables, reducir las emisiones, gestionar el agua e invertir en innovación para ello.
Cabría esperar, que tanto las grandes potencias como los países menos desarrollados, hayan comprendido que el tema es impostergable; que hay que situarlo en el centro de la estrategia global y entender que debemos impulsar una acción consensuada y decidida. De otro modo, no hay esperanzas de superar el devastador impacto de la crisis climática en la vida de las personas.
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