Por: Natalia Romero T. Diputada por la región de O’Higgins

Extraño, por decir lo menos, resulta que justo en paralelo a la presentación de un informe que contiene 46 medidas para mejorar la fiscalización del uso de recursos públicos por parte del Estado, sobre todo con fundaciones que reciben financiamiento, nos enteramos que en O’Higgins, el Gobierno Regional, esté incumpliendo con su obligación de informar -en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades del Ministerio de Hacienda- todas las transferencias realizadas a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y personas jurídicas, entre otras.

Incluso, el desinterés en nuestra zona llegó a tal nivel, que el Gobierno Regional sólo registra una transferencia. Sí, una, de $5 millones, a un club deportivo de karate, del año 2009. Y si bien la ley obliga a los órganos del Estado -entre ellos los Gore- a mantener actualizado este registro, de manera de transparentar y mantener informada a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos, pareciera que en O’Higgins se han olvidado de dicha normativa, o más bien han preferido omitirla.

Es cierto, también, que desde el año 2009 que no se lleva registro de ninguna transferencia, entre ellas los $77 y posteriores $700 millones que el Gore aprobó a la corporación O’Higgins Crea, de los cuales la mitad serán destinados para funciones administrativas, entre ellas el pago de remuneraciones. Sin embargo, lo anterior no es excusa -de ningún modo- para que las actuales autoridades se escudan aludiendo a responsabilidades de las anteriores administraciones.

Tampoco es un argumento atendible, menos para la ciudadanía, decir que los registros sí están publicados, pero en “otros link”, como se defendió el Gobierno Regional. ¿Por qué? Porque basta con revisar los “otros link” a los que aludió la actual administración, para darse cuenta de que si bien figuran los montos, las fechas y la razón social de los beneficiarios, no figuran los tipos de transferencias, tampoco el detalle de los proyectos ni mucho menos sus responsables. En cambio, en el registro del Ministerio de Hacienda, creado justamente para dichos fines, incluso es obligación publicar el decreto o la resolución correspondiente que autorizó y/o aprobó la entrega de recursos.

Distintos aspectos que por muy mínimos que parezcan, sí pueden marcar la diferencia cuando estamos viviendo uno de los casos de corrupción más graves del último tiempo, donde incluso se investigan delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Y no nos olvidemos de algo: en O’Higgins, donde el Gobierno Regional minimiza el incumplimiento de una normativa legal, la Contraloría General de la República ya declaró ilegal una transferencia de casi $400 millones a la fundación “Amigos Saludables”.

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