Por: Martina Cociña Cholaky. Investigadora postdoctoral, Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins

La movilidad humana ha sido una de las más temáticas más debatidas en el último tiempo, no sólo en Chile, sino en Latinoamérica y también a nivel mundial, en gran parte por la grave crisis política, social y económica que sufre Venezuela, lo que ha generado uno de los mayores éxodos de población. Los más de 5 millones y medio de venezolanos que han emigrado de su país, han encontrado un sin número de barreras que dificultan su travesía, ya sea por la exigencia de requerimientos administrativos difíciles de cumplir, por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, entre otros.

Frente a esta crisis humanitaria de proporciones, los Estados han respondido de manera disímil, por ejemplo, mientras el gobierno colombiano que ha recibido alrededor de 1 millón y medio de venezolanos ha creado un “Estatuto de Protección Temporal”, independiente de la situación administrativa, el gobierno chileno desde el año 2018 ha impuesto visas, tanto para turismo como si su estadía es con fines de permanencia. Aunque la visa de responsabilidad democrática fue presentada para facilitar la integración de venezolanos a Chile, debido a los extensos tiempos de otorgamiento y su escasa concesión se ha transformado más bien en un obstáculo, al igual que la visa consular.

En este sentido, la Administración de turno ha abordado los desplazamientos desde un prisma restrictivo y securitizador, criminalizando los desplazamientos irregulares. Bajo la premisa de “migración ordenada, segura y regular” el gobierno de Chile ha impuesto barreras a la movilidad humana, dificultando su ingreso y permanencia. De este modo, el Estado se ha configurado en productor de irregularidad al impedir con sus políticas la entrada por pasos habilitados al territorio.

Precisamente la adopción de visas consulares, la tardanza y el escaso número de su concesión dan cuenta de esta dinámica, la que se ha acentuado con el Covid-19. A modo de ejemplo, lo acontecido en Colchane a principios de este año es un botón de muestra de lo equívocas de las medidas implementadas, en tanto más que “ordenar la casa”, agudizan los desplazamientos, ya que, frente a la dificultad de ingresar regularmente, se procuran otras vías de entrada, que resultan más peligrosas.

Si se le adiciona a lo anterior, la utilización de la autodenuncia como mecanismo que agiliza las expulsiones, las deportaciones realizadas sin el cumplimiento del debido proceso y la constante retórica que subraya que los migrantes “violan nuestras leyes”, se observa cómo se apuesta por la construcción de quien se desplaza como chivo expiatorio.

Una política sesgada y cortoplacista que no responde adecuadamente a los desafíos de un fenómeno sociocultural tan complejo como es la movilidad humana. Ya va siendo hora de dejar esta perspectiva restrictiva y parcial y abordar la migración de personas desde un enfoque de derechos.

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