Por: Manuel Baquedano M. Sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Fundador del Instituto de Ecología Política

La nueva Constitución que surja para nuestro país durante el 2020 será muy importante pero de corta duración.

El estallido social que vive Chile desde hace más de un mes no es único. En  este mismo momento acontecen situaciones parecidas en Hong Kong, Cataluña, Irán, Líbano, Ecuador, Colombia e Irak, por nombrar las más conocidas. Ya no es sólo la crisis de un sistema económico -del modelo neoliberal y el capitalismo de mercado- sino de la propia civilización industrial en la cual vivimos que se agotó definitivamente. Ahora comienza a desmoronarse, no sólo por trasgredir los límites para la explotación humana –lo que está en el corazón de las actuales protestas- sino también por sobrepasar los límites ecológicos del planeta; hecho que se manifiesta en el aumento exponencial de los desastres naturales que vive el mundo a diario.

Luego de más de un mes de protestas y multitudinarias manifestaciones, la elite económica y política que domina nuestros país ha realizado una propuesta, aún no validada por la ciudadanía movilizada, que se expresa en la voluntad de formular una nueva Constitución que sería fruto de un nuevo acuerdo o pacto social que permita gobernar el país bajo el régimen democrático. En este proceso fundacional, que en la práctica ya ha comenzado, la ciudadanía debería decidir en primer lugar si quiere mantener la Constitución actual, que nació bajo el régimen militar de Pinochet, o crear una nueva.

¿Cómo interactúan estas alternativas con la crisis climática que estamos viviendo? En primer lugar, mantener la actual Constitución implica dos grandes líneas en materia de políticas climáticas. Por un lado, que el paso de las energías fósiles a las energías renovables no convencionales con el objetivo de descarbonizar la matriz energética chilena será un proceso voluntario de las empresas del sector cuya forma y ritmo deberán ellas mismas acordar y coordinar con el gobierno de turno.

Por el otro, que para afrontar la crisis climática no será necesario introducir cambios socioeconómicos estructurales en nuestro país. Este es el escenario (del tipo “Business as usual” o “sálvese quien pueda”) que están siguiendo países como Estados Unidos con Trump, Brasil con Bolsonaro, Rusia con Putin y otros más, la mayoría petroleros, que son fuerzas políticas mundiales y que tienen grandes corporaciones multinacionales con intereses directos en los combustibles fósiles.

A pocos días de realizarse en Madrid la COP 25, ha sido la propia ONU por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien ha denunciado que los gobiernos de los países productores de energías fósiles tienen  previsto que la producción planificada de carbón, petróleo y gas aumente más del doble de lo permitido que es 1,5 grados centígrados de calentamiento global para el 2030. (Inside Climate News, 2019). Tanto es así que China tiene planificado construir 148 GW de plantas a carbón en los próximos 10 años, lo que equivale a todas las plantas de carbón que están ahora en funcionamiento en Europa.

En consonancia con esta perspectiva, nuestro Gobierno ha anunciado que no dará a conocer las Contribuciones Nacionales Determinadas -el plan de reducción de las emisiones de CO2- para la COP 25 tal como lo había sostenido reiteradamente, incluso en el discurso pronunciado en septiembre por nuestro Presidente en la Asamblea de la ONU en Nueva York.

Entonces, con la continuidad de la actual Constitución, Chile se uniría al grupo de países responsables de aumentar la temperatura del planeta en 7 grados para el 2100, según los nuevos modelos climáticos (MPI 6) desarrollados por científicos internacionales.

Sí, por el contrario, triunfa la alternativa de elaborar una nueva Constitución, estaríamos frente a un nuevo escenario para enfrentar la crisis climática que sería el denominado “crecimiento verde” o “crecimiento sustentable” (“Growth Green”).

Este escenario estaría centrado en la satisfacción de las necesidades y los derechos sociales y políticos de la inmensa mayoría de los ciudadanos que se sienten insatisfechos por el actual modelo de desarrollo impuesto en Chile. En este contexto, el país seguiría los compromisos voluntarios acordados por la ONU en materia de cambio climático, más conocidos como los Acuerdos de París para el clima. Es decir que se buscaría contribuir activamente para que el aumento de la temperatura no alcance los dos grados en 2100 y que tampoco llegue en su trayectoria a los 1,5 grados en 2030.

Para que esto pueda ser posible, sería necesaria una política de transición energética -desde las energías fósiles a las renovables- con un proceso de descarbonización de nuestra matriz energética para el 2040 y el logro de la neutralidad de CO2 para el 2050 en todas las actividades. En simultáneo, se buscaría generar un alto crecimiento del PIB para satisfacer las demandas sociales insatisfechas que quedarían plasmadas en esta nueva Constitución.

En este contexto, es muy probable que el crecimiento económico acelerado no deje espacio para abordar transformaciones socioeconómicas estructurales en el actual modelo de desarrollo que le entrega al mercado la satisfacción de las necesidades  básicas como el agua, la energía y el aire limpio.

En los hechos –y no en las palabras- al privilegiar el crecimiento económico por sobre la protección del medio ambiente, se estaría incubando para un futuro cercano (¿Unos 15 años?) un nuevo estallido social mucho más fuerte que el actual pues ya no se trataría de ampliar los derechos y mejorar la calidad de vida sino que se estaría luchando por la supervivencia misma de las personas.

Un efecto indeseado tanto de la continuidad de la actual Constitución como de una nueva que no modifique radicalmente el modelo de desarrollo, será la creación en el país de un “Apartheid Climático”, definido por Philip Alston, relator de la ONU para la pobreza y derechos humanos, como un escenario “en el que los más ricos pagan para escapar del calor, el hambre y los conflictos, mientras que se deja sufrir al resto”.

Para ilustrar mejor esta situación, podemos analizar la situación de escasez  hídrica que ya sufre la zona norte y central de nuestro país a causa de la crisis climática. De mantenerse las condiciones actuales, la zona central entrará en racionamiento del agua en forma probable para el 2020 y segura para el 2021. ¿Cómo puede el Estado realizar un racionamiento del agua justo y equitativo si la misma es propiedad de los privados? ¿Cómo evitar que, mientras muchos reciben pocos litros de agua, se instaure un mercado paralelo que permita a los ricos seguir llenando sus piscinas o regando sus jardines para mantener verde el pasto, derrochando el recurso en actividades superfluas en medio de una situación de crisis?

Los “tecno optimistas” responderán que para ese entonces tendremos plantas desalinizadoras de agua de mar y que el mar es prácticamente inagotable. Pero,  ¿Alguien ha dicho que esa agua desalinizada vale entre un 20 y un 25 por ciento más que el agua potable actual y que por ser un negocio privado tendrá que reflejarse en un aumento de tarifas que deberán pagar todos los chilenos? Esto mismo ocurrirá con los demás servicios básicos tales como la energía, el aire limpio y con los alimentos.

La satisfacción de las demandas sociales puede escalonarse en el tiempo e incluso alguna de ellas postergarse, pero como dice el activista Bill McKibben, con el cambio climático no se puede hacer lo mismo: estamos en una carrera contrarreloj y todo tiempo perdido ya no es recuperable.

La Constitución de Pinochet duró 40 años. La nueva Constitución que se genere como producto del estallido social tendrá una vigencia mucho menor, probablemente la mitad, entre 15 y 20 años. ¿Cómo puedo sostener responsablemente esta predicción? De dos formas: una científica y la otra desde una perspectiva de la ecología política.

Desde un punto de vista científico, el pacto voluntario que han realizado los países para enfrentar la crisis climática bajo el paraguas de la ONU ha fracasado. Los  análisis de los nuevos modelos simuladores del clima (MPI 6) -bajo los cuales el IPCC hace sus diagnósticos y que serán la base del próximo informe con fecha en 2021-, nos adelantan algunas importantes (y preocupantes) conclusiones.

En líneas generales, estos nuevos modelos simuladores del clima indican que es prácticamente imposible que las metas fijadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se cumplan, es decir, que la temperatura sólo aumente 2 grados para el 2100 y 1,5 para el 2030. Las nuevas investigaciones científicas consideran mejor los fenómenos de retroalimentación, los estados de los mares, el deshielo de los polos y la pérdida de biodiversidad; todo eso unido a la “inercia climática” y a un mejor diagnóstico que pueden hacer los científicos gracias a la creación de una nueva generación de modelos simuladores del clima, mucho más sensibles y precisos.

La composición ideológica de los que van a elaborar la nueva Constitución, los partidarios de una visión liberal o neoliberal del desarrollo y los partidarios de una visión marxista o neomarxista, tienen en común el enfoque antropocéntrico que establece la primacía de los seres humanos por sobre las otras especies que conforman la naturaleza. Este antropocentrismo dominante los hace incapaces  siquiera de imaginar que el mayor y más urgente problema que enfrenta la especie humana es la crisis climática y que la humanidad, de continuar por el camino actual, podría desaparecer en una cuantas décadas más.

Frente a una crisis mayor originada por el calentamiento global, la aceptación del fracaso de las estrategias internacionales basadas en aportes voluntarios de reducciones de CO2, nos llevará a un tercer escenario que nos obligará a realizar en un brevísimo tiempo la descarbonización de la sociedad y el cambio del modelo de desarrollo para asegurar la supervivencia de los seres humanos.

Ya no será a través del crecimiento económico sino con la aplicación de una política ordenada de decrecimiento económico y con la eliminación de las mercancías superfluas. A este escenario, los economistas ecológicos lo han denominado de “postcrecimiento (PG)”. (Science Direct, 2019, Jaime Nieto y otros autores).

Con posibilidades ciertas de que el aumento de la temperatura alcance los dos grados no para el 2100 como estaba previsto por la ONU sino para la década de 2040, esto es 60 años antes, y que la temperatura mínima para poder controlar el proceso climático en 1,5 grados para el 2030 se alcance más cerca del 2025, nos obligaría en unos 15 o 20 años a generar un nuevo pacto social que permita enfrentar en democracia la crisis climática pero en un país que ha entrado en una etapa de supervivencia.

Los avances que se logren en esta nueva Constitución durante el 2020 serán claves para enfrentar la emergencia climática que se manifestará de forma acelerada en nuestro territorio. Si la actual Constitución, elaborada entre cuatro paredes, provocó un “Apartheid social“; la continuidad de la actual o una nueva que no contemple un cambio en el modelo de desarrollo, creará las condiciones para que surja el “Apartheid climático” que condenará a grandes sectores de la sociedad, a los más pobres y a la propia naturaleza, a la supervivencia extrema o a una probable extinción. Si no se gana la lucha contra el calentamiento global y la crisis climática, todas las otras causas estarán perdidas.

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