Por: Juan Castro P. Senador independiente por la región del Maule
Los “esfuerzos” del Gobierno han sido insuficientes e ineficaces para contener la crisis provocada por el coronavirus. Millones de chilenos han visto como en un año, la situación económica se precariza aún más y han encontrado en los retiros de 10% una respuesta a la inacción del Presidente.
Se anunció con bombos y platillos una serie de ayudas monetarias directas a los hogares que más han sufrido los efectos de la pandemia, pero nos encontramos con el problema de que el instrumento de focalización estaba incompleto. Muchos chilenos nunca habían completado el Registro Social de Hogares o lo tenían desactualizado, y asimismo, la lentitud del sistema para renovar estos datos ha dejado fuera de los programas a miles de familias.
Por otra parte, estas ayudas piden como requisito la disminución de los sueldos. Pero deja de lado una variable muy importante, que incluso debería ser considerada en la calificación de vulnerabilidad socioeconómica del Registro Social de Hogares: los gastos de las familias en un tiempo en el que todo está más caro.
En estos últimos 12 meses hemos visto cómo el costo de la vida ha aumentado. Es preocupante, ya que casi un 57% de los chilenos señaló que no puede ahorrar porque no alcanza y, por tanto, si aumentan sus gastos, los hogares deberán de hacer un esfuerzo y apretarse el cinturón e incluso posponer otros asuntos, como el pago de deudas o tratamientos médicos.
El Gobierno ha señalado que ha realizado “esfuerzos” para contener los efectos sociales y económicos de la pandemia, al mismo tiempo que ha dicho que no corresponde que sean los chilenos quienes paguen las ayudas mediante sus fondos de pensiones. A los señores del gobierno se les olvida que alrededor del 75% de los ingresos del presupuesto de la nación son financiados por los contribuyentes, se les olvida también que los “esfuerzos” se han pagado, principalmente, con endeudamiento fiscal.
Si en verdad quieren hacer un esfuerzo, entonces trabajen por hacer más eficiente el gasto público, en 2018 el BID estimaba que 4.500 millones de dólares se malgastaban. Hagan un esfuerzo real y reduzcan el número de asesores y desinflen los abultados honorarios.
Mientras el Ejecutivo no haga un esfuerzo serio, que no sea pagado por la inmensa mayoría de los chilenos y el instrumento de focalización mida en tiempo real la situación de vulnerabilidad de las personas, las ayudas deberán ser universales. Por el momento, como no lo son, los chilenos seguirán viendo en sus ahorros previsionales, el salvavidas que el gobierno no les ha podido entregar.
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