Por: Camilo Morán. Integrante del Comité Político de Renovación Nacional y experto en Comunicación Política

Hasta antes del 18 de octubre pasado sesionar en febrero, mes históricamente de receso y descanso legislativo para los diputados y senadores, era impensado. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos y de las demandas de la ciudadanía, el período de vacaciones debería y podría ciertamente ser más breve de lo habitual. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, confirmó finalmente que habrá receso legislativo el próximo mes debido a las reparaciones estructurales que se deben realizar en la sede de Valparaíso.

Desde el estallido social el Parlamento ha tomado un inusitado ritmo de sesiones, era lo que correspondía, incluso llegándolo a hacer sábados, domingos y en semanas distritales, las que se han visto mermadas.  Por ello, y dada la agenda legislativa, estar deliberando las leyes de real importancia en el Congreso, parecía una idea acertada para el período estival.

Actualmente existen muchas urgencias de proyectos de ley, en especial los que apuntan a la agenda social y anti abuso, por lo que es necesario ocupar todo el tiempo posible para despacharlas, incluido febrero, claramente.

Sin embargo, esta idea concita una cierta paradoja. Ella se produce dado el amplio tiempo perdido en las últimas semanas en relación a las interpelaciones a ministros por parte de la oposición. Muchas de ellas innecesarias en el fondo y la forma, haciendo perder valioso tiempo que podría destinarse a debatir los temas que realmente importan.

Un ejemplo claro es la fallida interpelación al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Asimismo, no debemos olvidar un hecho muy necesario. El hecho de que el Congreso hubiese tenido que sesionar en febrero no debía, por ningún motivo, haber vulnerado los derechos de los trabajadores en el Parlamento, aquellos que no son parte del personal de los diputados o senadores. De haberse aprobado la prolongación del trabajo legislativo habría sido pertinente instaurar una clase de turno ético, con la finalidad de haber podido llevar a cabo las sesiones de la manera más óptima.

El descanso por vacaciones no se le puede negar a nadie. Y eso no ocurre en este caso, ya que los parlamentarios, a lo menos habrían tenido tres semanas de receso, tiempo que tiene la gran mayoría de los chilenos. Igualdad y justicia social, ante todo.

Perder el “privilegio” del receso parlamentario completo de febrero, en pos de evacuar toda la agenda legislativa pendiente habría sido un mensaje potente. Las vacaciones se pueden aplazar unos días, la ciudadanía no puede esperar más.

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