Por: Francisco Javier Meneses. Economista, Consultor Senior OPEM

Estamos viviendo un período de incertidumbre para la política y la economía de Chile. Más del 80% de la población está de acuerdo con las protestas y las atribuye a los abusos. Incluso el presidente de la República y sus ministros han pedido perdón y reconocen que deben enmendar el rumbo.

Para algunos el problema es la economía de mercado y señalan que el estado debería ampliar sus políticas sociales. Es decir, menos mercado y más estado sería la clave. Ese razonamiento parte de una premisa errónea al suponer que el mercado y el estado son opuestos o que compiten entre sí. Para que el marcado funcione bien, se necesita un estado fuerte que informe, regule, fiscalice, haga cumplir las leyes, “empareje la cancha” y fomente para que en el presente y en el futuro haya oferentes y demandantes capaces de interactuar y favorecerse mutuamente.

Es falso que Chile tenga una economìa “demasiado de mercado”. Más que una economía pro mercado, tenemos una economía pro grandes empresas. El Estado es débil y no ha sido capaz de equilibrar los poderes de oferentes y demandantes, permitiendo de este modo que una de las partes domine casi sin contrapesos y los mercados funcionan mal. Es conocida la larga lista de mercados donde ha quedado en evidencia que una de las partes está en condiciones de abusar de la otra: medicamentos, pañales, papel higiénico, pollos, banca, AFPs, Isapres, electricidad, agua, transporte, seguros, crédito de multitiendas, arriendos, mercado laboral, relaciones entre Pyme y grandes empresas, realación entre comunidades y empresas contaminantes, etc.

Para que los mercados funcionen bien, debe haber un efectivo contrapeso de poderes.  Una de estas fuentes de poder para los consumidores es tener al frente un conjunto de oferentes que compitan. Para eso es vital facilitar la entrada y salida de productores y contar con una legislación que permita perseguir y castigar realmente a los coludidos. Del mismo modo, si se trata de servicios básicos que inevitablemente son monopólicos, debe haber una regulación efectiva y un estado fiscalizador independiente, profesionalizado y bien remunerado.

Para que funcione bien el mercado laboral, se necesita que haya información y mecanismos reales para desarrollar las competencias de los trabajadores y defender sus derechos. Es decir, sindicatos fuertes y profesionalizados, un ministerio del trabajo eficaz, legislación moderna.

Para que la comunidad decida si acepta inversiones que pueden afectar su calidad de vida, debe conocer realmente los impactos, y tener herramientas efectivas para bloquear el proyecto o lograr una efectiva mitigación o compensación.

Por supuesto que para tener una legislación con esa orientación se necesita transparencia en el financiamiento de la política para evitar que alguno de los tres poderes del estado sea cooptado económicamente por los monopolios o los grandes grupos empresariales.

Si no se dan cambios institucionales en esa dirección, se seguirán cometiendo abusos en los múltiples ámbitos en los cuales opera el mercado. Eso generará la tentación de hacer que el mercado “salga” de la provisión de productos claves y las asuma el estado: salud, educación, transporte, ¿vivienda, alimentación, minería, cultura?. Es decir, renunciar a la creatividad, ingenio, innovación, conocimiento y capitales que aportan los verdaderos emprendedores, y pedir que sean los funcionarios públicos quienes provean esos servicios. Es una vuelta muy larga para depender finalmente del mismo estado que no ha sido capaz de regular los monopolios y las colusiones, y que no ha generado las leyes que equilibren las relaciones entre oferentes y demandantes.

Probablemente habrá que mejorar la provisión pública de algunos servicios, pero seguramente la mayoría de los bienes y servicios serán de provisión privada. En ese contexto, necesitamos urgentemente de cambios institucionales que fortalezcan al estado como regulador y fiscalizador del funcionamiento de los mercados. Sin esos cambios institucionales, de nada servirán las políticas sociales de subsidio y mayor gasto social. Pueden subirle 50% las pensiones a los jubilados, pero poco mejorarán la calidad de vida si van a gastar esa pensión en medicamentos con tres cadenas de farmacias coludidas, o en alimentos en tres cadenas de retail con su propia tarjeta de  crédito con tasas de interés superior al 30% anual o en pañales o pollos cuyos precios son resultado de un acuerdo entre dos grandes productores.

Del mismo modo, de nada sirve dar becas o gratuidad a una educación superior que cobra lo que quiere o que no tiene una supervisión real de la calidad de su educación, más allá de la exigencia de procesos administrativos de gestión.

A la larga tampoco servirá fijar el horario en 40 horas para los trabajadores o un plazo de 30 días para que se paguen las facturas de las Pyme. Tarde o temprano, sin poder real, ese menor horario lo pagarán los trabajadores a medida que se hagan nuevas contrataciones y el menor plazo lo pagarán las mismas Pyme de algún modo indirecto.  Y si no es posible traspasar el costo a los trabajadores o a los proveedores Pyme, se le pasará a los consumidores, en la medida en que no haya una efectiva protección al consumidor, con un estado fuerte y organizaciones de consumidores con poder real.

Incluso las alzas de impuesto a los más ricos, la terminarán pagando los consumidores, los trabajadores o los proveedores Pyme, si estos sectores no tienen un poder real.

En resumen, las injusticias económicas que se evidencian en nuestro Chile, y que provocaron el estallido social que hoy vivimos, en el corto plazo se pueden calmar con subsidios, congelamiento de tarifas y aumento de impuestos. Sin embargo, para que los cambios sean permanentes, el camino es mejorar el funcionamiento del mercado y un estado fuerte que lo regule, de cara a la ciudadanía.

Esto solamente se puede hacer con un cambio político de fondo, un cambio que fortalezca al estado y lo obligue a efectivamente equiparar poder. Más transparencia, mejor legislación y que se cumpla, es el único antídoto contra los abusos. Es decir, más mercado y más estado.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.