Por: Christian Rodiek. CEO y fundador de FirmaVirtual

Tuvimos que vivir una pandemia para acelerar la digitalización del mundo público y privado, un cambio que implicó inversión en equipos tecnológicos, adopción de nuevos conocimientos y cambio de mentalidad. Esta nueva forma de ver y hacer las cosas permeó a hasta a las instituciones que parecían más inamovibles, como las notarías.

Hace unos años, ¿quién iba a imaginar que un notario podría a visitar a un recluso, prestar asistencia a una persona de tercera edad en su propia casa o visar un documento a través del computador? Pero sucedió con FirmaVirtual, y gracias a la reciente Ley de Desnotarización lo estamos naturalizando.

Entonces, si como país, fuimos capaces de dar este gran salto, ¿cómo es posible que aún existan instituciones gubernamentales que, pese a contar con amplios recursos humanos y digitales, tardan tanto en dar respuestas a los requerimientos de sus usuarios?

Uno de los casos más emblemáticos de esta falta de concordancia, lo viven los extranjeros que desean regularizar su situación migratoria en Chile. Pese a que buena parte de los trámites se realizan de forma remota, sigue existiendo un gran cuello de botella que les impide tener respuestas expeditas, en un plazo razonable.

Por eso, no es raro encontrar casos de personas que llevan varios meses o años en situación irregular, debido a que están tramitando documentos vitales para integrarse a la vida laboral y realizar gestiones financieras.

La punta del iceberg de este fenómeno, pareciera ser la masiva llegada de población legal e ilegal, proveniente de países vecinos en crisis. A esto se suma la falta de personal en las cortes, donde se judicializan las demandas para obligar un pronunciamiento que defina el estatus migratorio de cientos de personas. Pero también, tras bambalinas, pareciera que aún hay mucho que hacer en cuanto a modernización del Estado. Prueba de esto, es el incidente que ocurrió en octubre de 2021, cuando la caída del Sistema B3000 (la principal base de datos del Servicio Nacional de Migraciones) obligó a recuperar manualmente información de varios meses, sólo disponible en papel.

Esto hace sospechar que urge revisar, actualizar y homologar los procesos internos, para que el uso de tecnologías efectivamente agilice el flujo de revisión documental y mejore la coordinación del trabajo humano, que realizan las distintas instituciones involucradas en gestionar, verificar y autorizar la hoja de vida de tantas personas: Servicio Nacional de Migraciones, el Poder Judicial y la Policía de Investigaciones.

En ese sentido, la introducción de aplicaciones como la firma electrónica avanzada dan cuenta de un gran avance, pero por sí sola no puede cambiar la cultura burocrática que sigue anclada en la institucionalidad pre pandémica.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.