Por: Cristina Melo. Abogada Laboral. Fundadora Comunidad de Trabajadores Informados

Respecto de la propuesta sobre conciliación laboral que ingresó el Gobierno al Senado, sobre teletrabajo para cuidadores, es conveniente advertir algunos aspectos para lograr certeza jurídica.

Si bien el proyecto recoge la posibilidad de pactar teletrabajo y el uso de jornadas híbridas como un derecho laboral para quienes tienen un empleo y, además, desarrollen tareas de cuidado no remunerado de niños menores de 12 años y personas con dependencia moderada o severa, la ley no asegura al trabajador instancias de teletrabajo a todo evento, en las que no pueda negarse el empleador bajo ningún efecto.

Tal como se presentó, solo queda sujeta a acuerdo de las partes y esa modalidad ya está contemplada en la legislación actual. Falta que sea un derecho efectivo del trabajador y una obligación del empleador. ¿Dónde está la coercitividad?.  Tal como se ve es una regulación más que impulsa el Gobierno desde la pandemia, pero no hay novedad en la normativa.

El Gobierno sigue dando tareas a la Inspección del Trabajo para que regule sus nuevas normas cero prometedoras para la población chilena, sin darse cuenta de lo que está en su nariz. Esta entidad está 100% colapsada, lo que no le asegura cumplimiento de la ley a los trabajadores.

Además, al día de hoy para que sea un real cambio y se tenga certeza jurídica, la nueva ley de teletrabajo tendría que especificar los rubros o funciones a los que se les asegurará este derecho. Tal como se hizo con el art 22 inc. 2, que aunque tiene sus falencias, al menos especificó cuáles eran los rubros que podían ser contratados bajo esa modalidad. Y, por otra parte, luego que sea una obligación para ciertos rubros, puede dar al empleador la concesión de decidir si da teletrabajo o trabajo híbrido. Eso si podría ser un avance en la ley que arroje concesiones recíprocas a ambas partes.

Por todo lo anterior, en vez de robustecer fundaciones nuevas que crean talleres para pintar bancas, una buena idea sería inyectar mayores recursos a la Inspección del Trabajo para asegurarle a más de 4 millones de chilenos el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales, porque una vez más estamos votando un proyecto que está entre la nada y la cosa ninguna.

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