Por: Jorge E. Orellana J. Magister en Gerencia Publica. Ex – Jefe Regional de SUBDERE (2014-2017) de la región de Antofagasta

Los Paradigmas de construcción social después de esta pandemia no serán los mismos de ayer. Se entiende un después mejor( pero no se puede asegurar), si es que la humanidad, el conjunto de la sociedad civil, y en especial, gobernantes y gobernados,  logramos leer, comprender y asumir bien las señales que nos ha de dejar esta realidad que, de algún modo, ha puesto  una alarma vital y mundial sobre el modo en que la humanidad y los gobiernos han venido  relacionando y priorizando  la economía con la política, la ciencia, la ética, con  los derechos y bienes colectivos fundamentales, como la salud de la población.

Los Gobiernos, sea en Europa, Asia, EE.UU o Latinoamérica,  en el marco de sus procesos de toma de decisiones,  han tenido que sopesar y en algunos casos, creemos equivocadamente, han puesto en contradicción, el bienestar económico de la población  versus la salud de las personas.

En este contexto, impacta y dolió ver por ejemplo, a una autoridad alcaldicia en la zona oriente del “Gran Santiago” estimular, como un experimento piloto, la apertura de un Mall en plena crisis pandémica.

Se dice que la Pandemia no tiene color político, no discrimina respecto de nada, ni de nadie. Eso es verdad en tanto y en cuanto, se entiende que puede afectar causalmente a cualquier persona.

Sin embargo, y esto también hay que reconocerlo, en sus efectos y en la forma como esta enfermedad se enfrenta,  es más grave e invasiva, respecto de los grupos con altos índices de vulnerabilidad social, económica y distanciamiento geográfico y  territoriales de los centros urbanos del país. No se experimenta igual, una pandemia de este tipo en el sector Oriente de la Región Metropolitana, que en la Comuna de la Pintana, Mejillones o María Elena, Taltal o Alto Hospicio en nuestro norte.

Los efectos y recursos para enfrentarla no son los mismos en un Campamento de Antofagasta, en un Recinto Penitenciario, en un Hogar de Adultos Mayores Precarizado, que en un Condominio Urbano o en Un Barrio de sectores Medios Urbanizado.

Las diferencias, y altos grados de desigualdad en los recursos y capacidades municipales, las brechas en los recursos sanitarios o de salud, la carencias en infraestructura vial y las débiles posibilidades, incluso de los sistemas de comunicaciones, hacen que uno y solo problema, la Pandemia, sea diferente y más difícil y compleja su manera de enfrentar a, según las características de cada territorio.

En este contexto, las comunas pequeñas y aisladas de nuestros territorios, sabemos y entendemos que al final del día nuestro único capital y recurso controlable es cuidarnos a si mismo con rigurosidad vital y suprema. Si el Estado está o se siente lejos de la capital regional, mucho más lo está de las comunas periféricas de nuestras regiones.

La pandemia ha puesto en evidencia no solo las precariedades de nuestro “modelo de crecimiento y desarrollo país” (ya puesto en tela de juicio en el “Estallido Social de Octubre 19”), y por lo tanto, un repensar el país que queremos construir, sino las graves desigualdades territoriales existentes entre los centros políticos, económicos y urbanos del país, y la periferias regionales o comunales y rurales de este dícese, unitario y mismo Estado.

En el caso chileno, la Crisis Sanitaria, producto de la Pandemia, se ha venido conduciendo por el Gobierno,  bajo dos principios generales de acción muy claros: a) una sola estrategia nacional y b) una sola vocería.  Y eso creemos no esta mal. Es más, creemos que, en principio, ha sido la forma correcta de enfrentar una crisis nacional de esta naturaleza.

Sin embargo, creemos paralelamente que la falta de signos y señales oportunas de algunos grados de flexibilidad en la aplicación de dicha política por parte de las autoridades de este Estado “hiper-centralizado”, especialmente respecto del rol de los Municipios y Alcaldes, además de generar un ruido politico-comunicacional innecesario, ha hecho que la distancia y crisis de confianza ya deteriorada, entre los ciudadanos y las autoridades políticas del país, se haya ensanchado aún más.

Impacta como el centralismo estatal o la política de una estrategia y una vocería centralizada llevada al extremo, ha tenido como consecuencia que los procesos de toma de decisiones no consideren las particularidades, realidades y demandas  ciudadanas regionales y locales.

En este contexto, si se ha ido produciendo algún grado de flexibilizacion, aunque tardíamente,  no ha sido por una revisión  autocritica de los estrategos centrales, sino por la presión que ejerce la tasa de contagios sobre el sistema de salud nacional, por la acción fiscalizadora de los medios de comunicación social, por las vocerías  de las sociedades científicas y gremios del sector salud, como el colegio médico, más    la presión social que de distintas maneras ha ejercido la ciudadanía y sus representantes alcaldicios.

En un Estado de Derecho, que se precie de tal,  no puede ser que sea necesario, y se haga una práctica casi habitual, que los alcaldes y ciudadanos, para ser escuchados, tengan que cerrar una carretera o un camino para ser escuchados. En este mismo sentido, por ejemplo, no ayuda que la transferencia real y efectiva de los recursos financieros prometidos para enfrentar, en parte, y desde los gobiernos regionales o locales la crisis sanitaria, por razones de burocracia estatal, no se lleve a efecto con el sentido de urgencia y oportunidad que la situación requiere. Un signo más de la carencia de uno de los tres ejes del proceso de descentralización del estado, a saber, la descentralización fiscal.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.