Por: Orlando Godoy O. Director Minnovex
En Minnovex vemos que es necesario volver a mirar a la Pequeña Minería como una oportunidad de desarrollo para Chile. Esto, debido en parte a que los grandes yacimientos tienen cada vez menores leyes, provocando aumentos considerables en los costos. Por otro lado, el escenario socio – ambiental actual es adverso para la realización de grandes proyectos. Si a esto sumamos que la Industria 4.0 y la electromovilidad requieren de minerales más allá del cobre que se encuentran en nuestro país en pequeñas escalas, vemos que se plantean oportunidades de adaptar y desarrollar nuevas tecnologías para este sector que provengan del ecosistema nacional y local.
Hoy se está trabajando en el desarrollo de una Política Nacional Minera, en donde la Pequeña Minería debe jugar un importante rol, considerando que se encuentra ya inserta en las comunidades en las que opera, contribuyendo a la generación de empleo local y puede convertirse en un motor para la diversificación minera (polimetálica), aportando a la sofisticación productiva de nuestra economía.
La Pequeña Minería tiene espacio para ser partícipe de un modelo de industria que promueva al ecosistema nacional de innovación, que incluya a los centros I+D y proveedores, siendo un lugar en donde se puedan validar tecnologías que puedan ser escaladas a la gran minería del cobre.
Un tema muy relevante es que la Pequeña Minería al estar inserta en su comunidad, puede desarrollar y operar faenas mineras, contando con licencia social para operar.
Por otra parte, la Pequeña Minería, aunque representa el 1% de las exportaciones de cobre, agrupa el 10% de la dotación de trabajadores, lo que genera un gran impacto en las localidades donde se ubican, sin embargo, varios de sus trabajadores necesitan mayor capacitación y aquellos que destacan rápidamente son atraídos por la gran minería.
Observamos que la Pequeña Minería se ve enfrentada a un marco regulatorio diseñado para las grandes faenas mineras, no considerando los rasgos específicos de este sector, contando además con diversas definiciones que la categorizan, dependiendo del organismo o cuerpo legal.
La Pequeña Minería requiere de renovación y apoyo, existe poca inversión nacional e internacional, y en general requiere de apalancamiento de fondos estatales. A esto sumamos que en la actualidad algunos yacimientos no son rentables simplemente por la lejanía que tienen de sus insumos (agua y energía) y de los poderes de compra (ENAMI) donde comercializa el mineral.
La Pequeña Minería por otra parte, no ha sido capaz de producir concentrado de cobre, cátodos u otros productos de más valor, salvo en escasas excepciones, por lo que se dificulta lograr su rentabilidad y permanencia ante ciclos de bajo precio del cobre.
Todo esto, sin lugar a duda, está limitando la generación de valor presente y su desarrollo sostenido de futuro.
Esta radiografía que hemos realizado a la Pequeña Minería, nos ha permitido concluir que es necesario realizar cambios para lograr modernizar y hacer más sostenible, dentro de ellos están aumentar el límite de producción mensual; incorporar capital humano preparado para este sector; adaptar y desarrollar tecnologías en sus procesos productivos; crear nuevos modelos de negocios entre pequeños mineros y proveedores en base a OPEX ya que, en general, la pequeña minería dispone de escaso capital para inversión y, sobre todo, se debe ampliar la visión de que Chile solo está enfocado en grandes yacimientos de cobre.
Como señalamos anteriormente, en Chile dependiendo del organismo público y de diversos cuerpos legales, existen distintas definiciones de Pequeña Minería. Así lo plantea Cochilco, en su informe “Monitoreo de la Mediana y Pequeña Minería Chilena del 2014”, donde sostiene que estas múltiples definiciones, se basan en variables como número de trabajadores, nivel de ventas y mineral extraído, incluso para una misma variable no hay un consenso entre las entidades, respecto de en qué rango se considera Pequeña Minería, pues cada una establece un límite distinto. Esto hace que la Pequeña Minería se vea enfrentada a la aplicación de incentivos y regulaciones con una definición diversa, complicando su gestión.
Así, vemos que una de las primeras medidas que podrían tomarse para apoyar a la Pequeña Minería, es definirla como aquella que procesa un máximo de 10 mil toneladas brutas mensuales de mineral que incidiría en la disminución de los costos de inversión de los pequeños mineros, impactando positivamente en el atractivo del sector para inversionistas nacionales e internacionales, provocando un impacto también en el interés de la banca para financiar proyectos por la mayor escala. Estimamos que esta cifra debería ser aplicada para los proyectos que deben ser evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental – SEIA, y generar un procedimiento claro pero simplificado, medida que sin duda ayudaría a disminuir los costos de la Pequeña Minería.
Hoy existe una normativa que considera el límite de las 10 mil toneladas, como es el caso de la Ley 20.551 de Plan de Cierre Simplificado de Minas y ENAMI también la utiliza – en su sitio web –indica que el organismo apoya a productores empadronados, sin deudas vencidas con la empresa y con una producción máxima de 10 mil TM/mes de minerales o su equivalente en productos mineros.
Esta medida serviría para que el sector aumente su productividad y que ésta no se limite por el hecho de no sobrepasar los rangos legales o los límites establecidos por instrumentos de incentivo estatales. Estimamos que una nueva definición permitiría a los pequeños mineros contar con más recursos para invertir en infraestructura, equipos, insumos y capital humano, aportando en la generación de proveedores locales especializados en este sector, favoreciendo además al ecosistema de innovación local para adaptar y desarrollar tecnología para la pequeña minería. Se propiciaría la creación de nuevas fuentes de trabajo, así como el perfeccionamiento y creación de capital humano especializado para el sector. Con esto vemos que se abre una oportunidad para el desarrollo nacional y local de Proveedores de Tecnología y Centros I+D.
Por último, hay que añadir que los proyectos de la mediana y gran minería del cobre requieren de varios años (4 a 6) para su implementación, desde la etapa de ingeniería, permisos, compras, construcción y puesta en marcha, lo que en la pequeña minería requiere entre 10 a 12 meses, lo que nos lleva a proponer que el Estado debería comprometerse a promover la inversión en proyectos de la Pequeña Minería y lograr que ésta se transforme en un destino atractivo para inversionistas nacionales e internacionales.
Estas propuestas podrían contribuir a reforzar el valor estratégico de la Pequeña Minería Nacional, considerando el importante rol que juega en las regiones donde está inserta para la generación de empleo y desarrollo local y nacional.
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