Por: José Ignacio Avello O. Magíster en Cs. Políticas y Comunicaciones. Secretaría Nacional de Defensa del PPD

Hace un par de días vimos al Presidente Piñera firmando un Decreto con Fuerza de Ley, con la clara misión y objetivo que las Fuerzas Armadas se pongan a disposición para combatir el narcotráfico en las fronteras del país.

Esta medida parece demostrar -en una primera mirada- una señal de seguridad y de que se está haciendo bien el trabajo, ¿no? Pero en realidad plantea una serie de dudas: ¿Las policías están cumpliendo sus tareas u objetivos? ¿Existe información que no maneja el país con respecto a narcotráfico? ¿El gobierno (en este caso Sebastián Piñera) pone en la mesa esta acción como una solución parche sin destino, tal como fracasó el Comando Jungla? ¿Cuánto es el costo operativo y logístico para el país?

El primer cuestionamiento apunta a por qué las FFAA deben realizar tareas o misiones que no están estipuladas en su mandato y fuera de toda reglamentación con respecto a sus funciones operativas, logísticas, de entrenamiento, orientadas a la disuasión y resguardar el territorio y preparación en caso de conflicto bélico. He aquí un elemento clave, el primero error del Presidente, debido a que para tomar tal decisión existen comisiones en el Legislativo que pueden contribuir a una propuesta más sólida y equitativa. Entonces… ¿dónde queda el gobierno participativo?

Aquí se podría haber generado un estudio más profundo y más claridad en la definición de las tareas de las FFAA. Por lo tanto, se trasluce que es una medida desesperada para mostrar seguridad al país o una definitiva instrumentalización de las FFAA con fines políticos.

En segundo lugar, debemos señalar que las Fuerzas Armadas podrían realizar tareas de apoyo y trabajo directo en temas de emergencia, o a través de una reestructuración de la ONEMI donde puedan cumplir funciones de primera línea en cada región, por ejemplo, y a nivel nacional. Esa perspectiva es mucho más colaborativa y es algo que puede realizar perfectamente dichas instituciones sin interferir en el trabajo que deben realizar específicamente las policías.

Tercero, ¿por qué no profesionalizar y preparar de mejor manera nuestras policías?.  Tenemos claros ejemplos en Latinoamérica del avance de estas instituciones, como ocurrió en Uruguay, donde se han preparado y proyectado como una fuerza policial del siglo XXl, incrementando cuarteles, personal, trabajo colaborativo y en conjunto con el mundo civil y con cursos de primer nivel en este tipo de acciones operativas y tácticas.

En cuarto lugar, sobre el gasto que se destinará a estas nuevas fuerzas operativas, como mencionó el Presidente, sería bueno transparentar esos desembolsos tanto en recursos humanos, logística e inteligencia militar y analizar si es conveniente generar esa inversión extra o mejor invertir en las fuerzas policiales y tener instituciones en la vanguardia latinoamericana, con visión de futuro.

Más allá de una solución como pretende que se vea, creo que el Ejecutivo podría generar un impacto político y social negativo, sobre todo con nuestros países vecinos, y queda la sensación interna de estar bajo un estado de amenaza permanente ante cualquier situación en la frontera, como si estuviéramos rodeados por carteles del narcotráfico, y esa sería la razón por la cual las FFAA deben complementar el trabajo de otros organismos. A la vez, se deja entrever que falta más trabajo policial y número de funcionarios.

Cabe recordar al Presidente que estamos en democracia y que, así como él pretende gobernar e impulsar ciertas reformas, he aquí el por qué el Legislativo ha rechazado gran parte de sus intenciones y es porque se debe desarrollar un trabajo en conjunto con  todos los sectores políticos y sociales, donde todos aporten a la construcción de una propuesta sólida y no impuesta.

Por eso, nos preguntamos… ¿nos encontramos bajo una campaña de manipulación mediática? No quisiera pensar mal de las intenciones de la Presidencia y de la cartera de Defensa, pero también suena a una reacción peligrosa al verse en picada en las encuestas y a los gritos desesperados de que la ciudadanía encuentre alguna propuesta positiva o buena.

Finalmente, debemos controlar y fiscalizar el porte de armas de los integrantes de las FFAA. Ya hemos tenido varias situaciones lamentables, sobre todo para el Ejército. Baste recordar el episodio de Iquique hace unos meses. Por lo tanto, se deben generar las instancias y evaluaciones pertinentes al personal, siempre buscando lo mejor para nuestras instituciones armadas y el bien de Chile.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.