Por: Roberto Fantuzzi. Presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas (ASEXMA)

Estamos frente al mayor desafío país de las últimas décadas: alcanzar un nivel de competitividad acorde al entorno mundial. Para lograrlo se requiere invertir en tecnología y capital humano, factores que van de la mano para conseguir resultados.

En este caso particular, y para un mejor análisis, es conveniente aislar la variable capital humano concentrándola en el trabajador, su educación y futura capacitación.

Para ello, el Gobierno ha enviado distintos proyectos sobre estas materias. El más reciente es el denominado “Nuevo Sence”, que de “nuevo” tiene muy poco.

Sobre lo anterior debo plantear algunas reflexiones, concentrado principalmente en los problemas, con el objeto de generar una discusión constructiva.

Se contempla que las empresas deben contribuir en un copago de un 20% para financiar la capacitación de sus empleados. Esto tendrá un efecto negativo, estimando el mismo proyecto que se producirá una baja en la capacitación de un 24%. Esto se contradice con el enunciado de la iniciativa legal que señala que “queremos ser parte de esta nueva 4º revolución y aumentar la capacitación”.

Establecer este copago, significa aumentar costos del trabajo. Algunos, incluso lo han definido como un nuevo impuesto que producirá mucho más daño que los beneficios.

El ministro del Trabajo ha realizado una serie de críticas acerca de la efectividad del actual sistema de capacitación, enfocándose en sus defectos o irregularidades. Efectivamente, todo se puede corregir, pero en mi opinión el actual proyecto lo empeora, cuando a lo que se debe apuntar es a corregirlo y generar condiciones para que aumente su efectividad y cobertura.

Cabe destacar que, de acuerdo a cifras oficiales, la tasa de capacitación por empresas disminuyó el año pasado. Sólo el 1,6% de las empresas del país capacitan, concentrándose casi el 100% en grandes empresas. Con el copago se aleja la posibilidad para que las MiPymes capaciten.

Las críticas del ministro a un supuesto mal funcionamiento del sistema, no se condicen con el hecho de que el 60% de los capacitados, obtiene un aumento de remuneración dentro de los seis meses siguientes a su capacitación, según cifras obtenidas del propio SENCE.

Otro punto a tener en cuenta en este debate es que la capacitación es para la reconversión del trabajador y la educación es para su formación. Como existe un déficit de la calidad de la educación, las empresas la deben corregir con capacitación. Esto es lo que tiene que tener claro el ministro, porque pareciera que está un poco confundido.

Adicionalmente, el actual funcionamiento del sistema implica que las empresas aportan un financiamiento relevante. Me explico: si capacito y pago en enero, esto será recuperado por la empresa en abril del próximo año, es decir, a 17 meses. Si lo analizamos en profundidad el promedio es de 11 meses. Por favor, señor ministro, cuando se refiera al financiamiento contemple ello, porque sus opiniones distorsionan la realidad que hoy existe.

La tramitación de este proyecto de ley es trascendental para la productividad y competitividad futura de nuestro país. En un estudio encargado por ABB, a The Economist Intelligence Unit, se destaca el atraso que han tenido los países latinoamericanos en la capacitación digital, factor clave para abordar la automatización e inteligencia artificial. Chile no aparece siquiera en el Índice de Preparación para la Automatización elaborado en ese informe, a diferencia de países vecinos como Argentina, México y Colombia. Es por ello que las medidas urgen.

Hacemos un llamado al diálogo público-privado, para llegar a un acuerdo sin descalificaciones previas. Necesitamos abordar este tema a la brevedad para enfrentar adecuadamente la 4º Revolución en Tecnología Digital.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.