Por: Marisol Durán Santis. Rectora Universidad Tecnológica Metropolitana

Es un consenso extendido que la inversión pública en investigación y desarrollo es esencial para potenciar la economía y la sociedad, en cualquier contexto o escenario. De hecho, es la condición indispensable para la generación de nuevos conocimientos e innovación, lo que redunda en la creación de mejores empleos y en condiciones adecuadas para la preservación de la salud y la sustentabilidad.

Impacta transversalmente en un conjunto de dimensiones de la vida en sociedad, como las nuevas tecnologías, la producción de medicamentos, el medio ambiente, la educación y la industria. En definitiva, tiene una importancia estratégica para el progreso social.

La experiencia de los llamados países desarrollados muestra que una de las claves de su éxito ha sido la decisión, en materia de política pública, de invertir para generar la producción de tecnología de punta e innovación. Ha sido una de las rutas privilegiadas de su camino al bienestar social.

Un aspecto no suficientemente enfatizado es que invertir en investigación y desarrollo es un aporte fundamental para la cohesión e inclusión social, pues potenciar las capacidades para producir nuevos conocimientos y herramientas, redunda en mejores condiciones para el bienestar social.

Desde nuestro punto de vista, existe una correlación entre crecimiento con justicia y expansión de I+D. No sólo es una contribución a la ciencia, sino también al plano económico y social del país: el tejido productivo se convierte en innovador y tecnológico, generando un mejor escenario para el desarrollo del conjunto de la sociedad.

Todo lo dicho adquiere una nueva dimensión de urgencia, si se considera que estamos en un período de la historia social de la humanidad que se caracteriza por nuevos fenómenos y tendencias asociadas con la globalización, que han ido redefiniendo en forma drástica el panorama de la vida: como, por ejemplo, la automatización y la interconexión. De ello deviene la necesidad de la innovación y el desarrollo como condiciones elementales para las posibilidades de supervivencia de las economías e industrias en un mercado cada vez más competitivo y en transformación. En una era de cambios, es clave que se invierta en innovación.

Nuevos conocimientos, desarrollo de territorios y comunidades

En este sentido, tienen una enorme importancia para Chile los anuncios formulados por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública, anunciando el aumento en el gasto fiscal orientado a la ciencia y tecnología; indicando el término de la lógica de la competencia en los fondos I+D; y asumiendo expresamente que el desarrollo sostenible “sólo se logra con ciencia, conocimiento y tecnología”.

A este respecto, anunció que “con el objetivo de poner fin a la concursabilidad de los fondos I+D, crearemos un fondo que dejará de lado la lógica de la competencia y por medio de convenios directos entre el ministerio de Ciencia y las universidades, se financiará el desarrollo de investigación y tecnología descentralizadamente de una forma permanente, continua y haciéndose cargo de los investigadores y trabajadores del conocimiento”.

Explicó el mandatario: “Vamos a duplicar el presupuesto público en I+D, haciendo posible este compromiso por dos caminos: uno empujado por nuestras universidades regionales, la gran mayoría estatales en todo Chile; y otro por las universidades que ya están moviendo la frontera de lo posible y que nos acercan al futuro. Queremos acelerar el camino para que exista ciencia y tecnología hecha en Chile y en cada región del país”.

No hay dudas de que se trata de un anuncio de envergadura histórica. Es una valoración pertinente de la potencialidad estratégica para Chile de la inversión pública en I+D, con un programa de iniciativas liderado por el ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuyo primer paso es duplicar el aporte fiscal en investigación y desarrollo.

En segundo término, se reemplaza la lógica paradigmática de la competencia por un enfoque centrado en instrumentos que se basan en programas concordados con las universidades y que se sustentan en el interés público, demostrando con ello compromiso tanto con la generación de nuevos conocimientos como con el desarrollo de territorios y comunidades.

La materialización de esta perspectiva puede representar un cambio de largo plazo para el país. En ese sentido, nos compromete profundamente el llamado del presidente, a que “desde nuestras universidades seamos actores reales de grandes sueños”.

El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.