A través de una resolución, las y los diputados solicitaron además que el gobierno tome acciones para el desbaratamiento del crimen organizado en el país
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó por 65 votos a favor, 45 en contra y 16 abstenciones la resolución N° 127, la cual solicita al gobierno tomar acciones para proteger el ejercicio del periodismo, además de la necesidad de desbaratar el crimen organizado y reformar Carabineros.
La iniciativa fue propuesta por las y los diputados de Convergencia Social, Diego Ibáñez, María Francisca Bello, Gonzalo Winter y Gael Yeomans. Junto a las y los parlamentarios independientes Mercedes Bulnes, Javiera Morales, Marcela Riquelme, Patricio Rosas, Clara Sagardia y Lorena Fríes.
La iniciativa fue propuesta por las y los diputados de Convergencia Social, Diego Ibáñez, María Francisca Bello, Gonzalo Winter y Gael Yeomans. Junto a las y los parlamentarios independientes Mercedes Bulnes, Javiera Morales, Marcela Riquelme, Patricio Rosas, Clara Sagardia y Lorena Fríes.La resolución se refiere al asesinato de la periodista Francisca Sandoval, producto del disparo en el rostro en la marcha del 1 de mayo. El responsable sería uno de los delincuentes que atacaron la movilización social a la altura de barrio Meiggs en Estación Central.
Frente a esto, el texto señala la urgencia por asumir un compromiso irrestricto con el libre ejercicio del periodismo, por lo que se solicita que el Ministerio del Interior tome las medidas necesarias para aclarar el asesinato de Francisca. Además, demanda urgencia en la tramitación del proyecto que regula la protección de las y los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones.
Narcotráfico y crimen organizado
Frente al narcotráfico y el crimen organizado, solicita la utilización de todas las herramientas existentes para el desbaratamiento de estas bandas. Ello, a través de una coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Gendarmería de Chile, Fiscalía Nacional y Ministerio Público, entre otros.
Finalmente, los impulsores de la norma demandan una profunda reforma a las policías, para asegurar su irrestricto compromiso con los Derechos Humanos, haciendo hincapié en la desmilitarización e incorporación de perspectivas de género con el objeto de evitar discriminaciones racistas, xenófobas y aporofóbicas.
