Chile es el país de la OCDE con mayor complejidad en sus procedimientos regulatorios y la sexta economía con mayores barreras al emprendimiento, mientras que se estima que existen actualmente cerca de 300 mil regulaciones vigentes y cada año se crean 9 mil nuevas

El Presidente Sebastián Piñera lazó la agenda para simplificar regulaciones en busca de derogar leyes obsoletas, evitar normas sin utilidad y generar una institucionalidad que alivie la carga burocrática legal de los chilenos.

“Hemos decidido limpiar, simplificar y achicar la verdadera maraña de normas, regulaciones y disposiciones que afectan prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano”, dijo el Mandatario en un acto en el Palacio de La Moneda acompañado de los ministros de Economía, José Ramón Valente, y de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

De esta forma, el Jefe de Estado firmó un proyecto para avanzar hacia un marco legal más simple, claro y ordenado que derogue leyes obsoletas o en desuso y que cree un sistema permanente de revisión de normas para asegurar su vigencia. Como primer paso se impulsará la derogación de 100 leyes.

“Están ahí porque nadie se ha preocupado de derogarlas y terminan ahogando y reprimiendo la capacidad de innovar y emprender”, señaló Piñera.

Además, el Presidente anunció que “se crea un plan de revisión y derogación, que cada 4 años debe examinar las leyes vigentes, para adecuarlas o para proponer su derogación al Congreso Nacional, y esto con la colaboración de varios Ministerios”.

El Mandatario firmó instructivos presidenciales para simplificar trámites innecesarios y que obligan a que, al momento de hacer nuevas regulaciones, se tomen en cuenta impactos económicos, sociales y ambientales.

Chile es el país de la OCDE con mayor complejidad en sus procedimientos regulatorios y la sexta economía con mayores barreras al emprendimiento, mientras que se estima que existen actualmente cerca de 300 mil regulaciones vigentes y cada año se crean 9 mil nuevas.

Un estudio de la OCDE señala que, si Chile simplificara sus procesos regulatorios al nivel de los países más desarrollados, aumentaría la inversión extranjera directa en casi un 50%, lo que significa más empleos y mejores salarios.