En el marco de la trigésima Convención de Comité de Obras de Infraestructura Pública de CChC se abordaron desafíos de conectividad, ciudad, movilidad e institucionalidad

Chile se vistió de pantalones largos cuando en enero de 2010 se convirtió en el primer país sudamericano en incorporarse al selecto grupo de naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, siete años después es justo y necesario hacer un balance de cómo se encuentra en diversas materias, entre ellas la infraestructura.

Por dicha razón, y en el marco de la Trigésima Convención del Comité de Obras de Infraestructura Pública de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realizada esta semana en La Serena, se dieron importantes pasos para definir una agenda común que permita reducir el déficit de US$151 mil millones que presenta nuestro país en dicha área, según el estudio “Infraestructura Crítica para el Desarrollo: Bases para un Chile Sostenible 2016 – 2025”.

Tan importante es la infraestructura para nuestra economía que si se subsanara esa brecha, Chile podría crecer a tasas de 6%, bastante más que el exiguo 2% proyectado para este año. De allí que hubo consenso de las autoridades y el gremio para ponerse a trabajar. El primer acuerdo fue desarrollar una política común donde se genere una alianza público – privada capaz de materializar proyectos. “Invitamos al Gobierno a definir qué vamos a hacer. No podemos seguir perdiendo competitividad en infraestructura. Es necesario un puerto a gran escala, ya sea en San Antonio o en Valparaíso, asimismo, vemos como primordial dotar de nuevos sistemas de transporte como trenes urbanos para La Serena y Coquimbo”, aseveró el presidente nacional de CChC, Sergio Torretti.

Ese anhelo va en línea con descongestionar el trazado de 16 kilómetros que separan a ambas comunas de la conurbación y que en la próxima década se convertirá en la primera zona metropolitana del norte con 514 mil habitantes. “Esperamos concretar un plan maestro que conecte los distintos modos de transporte, ya que tenemos la capacidad de no sólo de aumentar la productividad a través de puertos, aeropuertos y otras alternativas de desplazamiento, sino que también de entregar calidad de vida a los ciudadanos de este país”, acotó Torretti.

Respaldo público

El llamado del gremio constructor fue inmediatamente atendido por los representantes del Gobierno, quienes hicieron eco en la necesidad de aumentar el porcentaje del PIB que se invierte en infraestructura. “Al año pasado completamos 3.624 kilómetros de caminos, por lo que como Ministerio de Obras Públicas sabemos la importancia de entregar este tipo de avances al país. Nuestro compromiso es sentar las bases para pasar de una inversión de 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB) a un 3%”, estableció el ministro (s) de la cartera, Sergio Galilea.

A nivel local, tanto el presidente de CChC La Serena, Martín Bruna, como el intendente de la Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, coincidieron en que hoy la región ha tomado un nuevo impulso. “Como Cámara Regional hemos visualizado cuatro proyectos claves: El Túnel de Agua Negra, el Centro de Diagnóstico Terapéutico, el Tranvía y la Concesión La Serena – Coquimbo. Con éstos no sólo se materializarán inversiones por más de US$2.000 millones y se crearán más de 8 mil plazas de trabajo, sino que le asignaremos nuevos aires de competitividad y calidad de vida a la zona”, aseguró Bruna.

En tanto Ibáñez, valoró la inversión ejecutada en la región donde destacó obras como  la construcción de 10 Centros de Salud Familiar en La Higuera, Vicuña, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Illapel y Salamanca; el Hospital de Ovalle, que presenta un 70% de avance en la obra gruesa; el primer Servicio de Alta Resolución en Tierras Blancas de Coquimbo; y el recientemente finalizado Hospital de Salamanca.

Para el presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública de CChC, Jorge Letelier, dentro de los desafíos de mediano plazo está fortalecer y dar operatividad al Fondo de Infraestructura anunciado por el Gobierno y de crear la Dirección General de Concesiones, la que sería una opción para alivianar la carga fiscal, no retrasar la ejecución de obras y ampliar la mirada hacia sectores como los hospitales y las cárceles.