Moción impulsada por senadores oficialistas busca que los condenados, cómplices o encubridores de este tipo de delitos no puedan acceder bajo ningún escenario al beneficio de pena alternativa y cumplir íntegramente pena privativa de libertad

Los senadores Víctor Pérez Varela, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer e Iván Moreira, presentaron una moción que establece la obligación de cumplir pena efectiva por el delito de colusión; iniciativa que deberá ser estudiada por la Comisión de Economía.

El proyecto, de artículo único, precisa que: “Los condenados en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos consumados contemplados en los incisos primero y segundo de este artículo no podrán acceder, bajo ningún respecto, a las formas alternativas de cumplimiento de la condena contempladas en la ley N°18.216, debiendo, por tanto, dar cumplimiento efectivo íntegro a pena privativa de libertad que determine el tribunal”.

A juicio de los autores, “si bien la ley N° 20.361 introdujo en nuestro ordenamiento jurídico una serie de modificaciones tendientes a combatir de forma más adecuada a la colusión, a 5 años de la entrada en vigencia de dicha reforma resulta necesario introducir otros cambios en el sistema de defensa de la libre competencia, que permitan disuadir y sancionar a quienes atentan en contra de las bases de la economía de mercado, renunciando a competir”.

Dignidad de los ciudadanos

En la misma línea, explicaron que varias iniciativas de gobiernos anteriores no aplicaron las sanciones respectivas, y advirtieron que “durante los últimos años, la sociedad chilena ha podido tomar conciencia acerca del inmenso daño que la colusión causa a los mercados y a los agentes económicos que actúan en ellos, en especial los consumidores”.

Para los senadores “se trata de conductas que no sólo generan efectos patrimoniales adversos de inmensa magnitud para las víctimas, sino que además defraudan la confianza de los chilenos en la economía de mercado”, por lo que indicaron cuestionaron “que conductas que tienen una significación económica y valor social sustancialmente menores, sean tipificadas como delitos, mientras que la colusión no lo era”.

“En consecuencia, en razón de la necesidad de resguardar los principios fundantes de la economía social de mercado, pero, sobre todo, la urgencia de restaurar la dignidad de los ciudadanos atropellados por prácticas empresariales abusivas, que, además, atentan contra los derechos más básicos de las personas”, sentenciaron.