Por: Rodrigo Rivas M. Gerente General de Valor Estratégico Consultores
A pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chiles, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– entregó a los candidatos presidenciales diez claves para que el desarrollo del país vaya en la línea de la inclusión y la sostenibilidad. Dentro de las claves que entregó el organismo, que se enmarcan en la Agenda 2030, sugiere al próximo gobierno -era que no- que se fortalezca la institucionalidad ambiental. También se destaca la recomendación de diversificar la matriz productiva, transformar las finanzas ambientales, acelerar la transición energética, garantizar la seguridad hídrica, promover territorios sostenibles, entre otras.
En los últimos meses y provocado especialmente por las medidas de retroceso ambiental que ha adoptado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hemos sido testigos de cómo en el mundo el tema medioambiental y las medidas que los países adoptan para contrarrestar los efectos del cambio climático han ido tomando mayor protagonismo. Y nuestro país no ha sido la excepción. Esto supone mayores desafíos a las empresas, sin duda. Pero también pone al Estado una tarea no menor, de compatibilizar la sustentabilidad con el impulso a nuevas inversiones que favorezcan el crecimiento.
Lamentablemente, poco hemos escuchado debatir a los candidatos respecto de este importante tema. Las inversiones –especialmente mineras– están estancadas en el país, pues se ha instalado un escenario de incerteza que han determinado la decisión de algunas empresas extranjeras de paralizar o relentizar el desarrollo de proyectos en el país. El caso reciente de Dominga así lo demuestra, donde la institucionalidad ambiental fue desestimada a la hora de ser votado primero por la Comisión de Evaluación Ambiental -entidad política y no técnica- y luego por el Consejo de Ministros.
No es un dato menor que en Perú, la inversión en proyectos mineros nuevos alcance los 17 mil millones de dólares, superando a Chile en un 48%, por primera vez. De acuerdo a lo publicado por la consultora Plusmining, en el país la cartera de inversiones en expansiones suma 53 mil millones de dólares, representando el 82% del total de la cartera de proyectos de inversión minera en Chile. Mientras que los que proyectos nuevos –o greenfield– alcanzan solo a 11 mil millones de dólares.
Es importante que el futuro gobierno tome en consideración la recomendación de la PNUD, sin embargo, también es prioritario que se busquen las fórmulas de que estas medidas no terminen siendo barreras para el impulso de nuevas inversiones, que tanto necesitamos.
Casi en paralelo a las recomendaciones de la PNUD, en el marco de la Enade 2017 -principal foro de la comunidad empresarial del país- la Presidenta Michelle Bachelet volvió a enfatizar que en el ámbito de crecimiento se debe aspirar a un desarrollo económico sustentable e inclusivo. Sin duda es lo que todos esperamos, pero nunca hay que olvidar que ello parte por el “desarrollo”.
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