Por: Rodrigo Rivas M. Gerente General de Valor Estratégico Consultores

Hace algunos días, el Presidente Sebastián Piñera firmó el decreto que crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables o GPS, como la ha llamado el ministro de Economía, José Ramón Valente. En la misma oportunidad, el Mandatario envió el proyecto de ley Agenda Pro-Inversión, que tiene como objetivo principal agilizar los procesos de obtención de permisos para los proyectos en el país, con el objetivo de recuperar los niveles de inversión existentes hace algunos años.

De acuerdo con el catastro entregado por el titular de Economía -responsable de impulsar ambas iniciativas-, existen actualmente 233 proyectos a desarrollar entre los años 2018 y 2021, por un monto que supera los US$ 65.000 millones. Una cifra que, sin duda, resulta atractiva para los propósitos de darle un mayor dinamismo a la economía nacional e incentivar el crecimiento, el desarrollo y el empleo.

Estas iniciativas no se limitan únicamente al ámbito minero o energético, que tradicionalmente han representado la mayor parte de la inversión; también, involucran los sectores inmobiliario e infraestructura, que han significado importantes inversiones para el país en el último tiempo. De acuerdo con cifras de la Sofofa, la infraestructura seguirá siendo uno de los principales ejes impulsores de la actividad económica en el país en los próximos años, registrando inversiones por US$ 22.522 millones en el quinquenio 2016-2020.

Por otra parte, hace algunas semanas se dio a conocer que durante el primer trimestre de este año, se presentaron 151 proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los cuales representan una inversión de más de US$ 3.000 millones. Un tercio de dicha cifra corresponde al rubro inmobiliario, equivalente a US$ 1.100 millones. Este sector supera las iniciativas mineras y de energía, que corresponden a US$ 537 millones y US$ 480 millones respectivamente.

En el sector inmobiliario, la oficina GPS catastró 44 proyectos que suman una inversión de US$ 5.500 millones, concentrándose la mayoría de las propuestas en la Región Metropolitana, con 34. Hay 11 que se encuentran en tramitación en el SEIA, es decir, en su mayoría están estancados por conflictos con la comunidad, como son los casos de Egaña Comunidad Sustentable en Ñuñoa o El Carmen Oriente en Huechuraba.

¿Qué deben hacer las empresas inmobiliarias para evitar llegar a estas situaciones de conflicto que retrasan o impiden la puesta en marcha de las inversiones?

Lo que se sugiere en cualquier actividad que genera impacto en el entorno, es iniciar tempranamente el acercamiento con los vecinos, conocer las comunidades y a sus principales actores; cuando sea necesario, generar instancias de participación ciudadana sin que sea “obligatorio”; y mantener un relacionamiento permanente, que permita gestionar los impactos y solucionar la mayor cantidad de dificultades posibles que genera todo proceso de construcción. Esta será la única forma de corregir o de comunicar sobre el proyecto y recoger las observaciones de los vecinos.

El sector inmobiliario ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y, pese a las dificultades que encuentra hoy, por problemas de permisos, certeza jurídica o la misma oposición de las comunidades, de seguro continuará en la misma senda. Por lo mismo, es necesario que las empresas ajusten sus prácticas a los requerimientos de un Chile que cambió. Esto implica aplicar los mismos estándares en cuánto a su relación con las comunidades y establecer diálogos tempranos con los vecinos, para evitar conflictos que puedan demorar o, incluso, paralizar un proyecto por parte de las autoridades, que ante la presión de los vecinos pudiesen negar o incluso quitar los permisos correspondientes.

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