La Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, a través de su departamento de Estudios, analiza la legislación nacional y su impacto en la inversión territorial, considerando variables medio ambientales y de desarrollo económico
En un esfuerzo por aportar al desarrollo económico de la región, el Departamento de Estudios de Corproa abordó los desafíos que considera la normativa chilena diseñada para equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, la que ha resultado en un conjunto de desafíos para los inversores, los cuales requieren atención inmediata para favorecer la inversión en las regiones y principalmente en Atacama.
Es así como procesos de evaluación prolongados, disparidad de criterios entre servicios públicos, dificultades de acceso a áreas remotas, trabas administrativas y la incertidumbre en los plazos de tramitación, son algunas de las complejidades a las que se ven enfrentadas las empresas que desean invertir en la región.
“A propósito de los proyectos que se encuentran en tramitación y de los que están a la espera de resolución en el Comité de Ministros, la inversión en la región se encuentra detenida, lo que significa que la inversión proyectada no se ha podido concretar y es incierta. Es por ello que quisimos elaborar un informe que proporcione una visión de los obstáculos que están enfrentando los inversionistas interesados en Atacama y con ello hacer un llamado a destrabar y abordar la problemática con acciones que permitan la reactivación económica, sin que por ello dejemos de proteger el medio ambiente”, comentó Juan José Ronsecco, Presidente de Corproa.
“El informe que elaboramos trata sobre los distintos hitos que enfrenta un proyecto para llegar a iniciar su construcción, como la obtención de permisos ambientales y sectoriales, la incertidumbre respecto a los plazos que involucra el proceso y lo que sucede con posterioridad a la evaluación, en donde un proyecto puede verse postergado en su implementación o, por el contrario, pueden corregirse errores o falencias de las fases previas”, agregó Ronsecco.
Sobre esa etapa posterior, uno de los temas que se recogen en el informe es la modificación que está proponiendo el Gobierno a la figura del Consejo de Ministros, lo cual está contenido en el proyecto de Pacto Fiscal que impulsa el Ejecutivo, situación que anticipa una mayor responsabilidad de los equipos técnicos regionales, quedando aún por definir cómo se reforzarán las capacidades instaladas en las regiones.
“Idealmente, el Comité de Ministros debiera ser capaz de resolver al más breve plazo posible, pero por una serie de factores, los plazos para ingresar a revisión generalmente se extienden más allá de lo esperado, lo cual agrega incertidumbre a un proyecto y su eventual construcción. Pero, por otra parte, también observamos que el Comité de Ministros tiene la capacidad de pronunciarse sobre evaluaciones previas que, ya sea por errores, falencias administrativas o sesgos han resultado adversas para el desarrollo de la inversión, anteponiendo una mirada técnica, sustentable y de país”, señaló Ronsecco.
Desafíos y recomendaciones
Junto a la identificación de los desafíos que enfrentan los proyectos de inversión en Atacama, el informe de la Corporación presenta una serie de recomendaciones, entre las cuales destacan simplificar el proceso de obtención de permisos, consolidar los trámites administrativos, reducir los tiempos de espera para aprobar o rechazar y establecer un diálogo fluido entre el sector público y privado para promover la estabilidad regulatoria.
“Superar estos desafíos es fundamental para atraer y retener inversión en la región de Atacama. El desarrollo de proyectos de inversión ha sido clave para avanzar en el desarrollo económico y social de la región. Aumentar el número de proyectos que pasan a la fase de construcción, contribuiría significativamente a crear más empleo, desarrollar infraestructura y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Atacama”, concluyó el Presidente de Corproa.
