Por: Rodrigo Rivas M. Gerente General de Valor Estratégico Consultores
Todo parece indicar que con la llegada del nuevo gobierno, una nueva puerta se abre para el proyecto minero portuario Dominga. Esta iniciativa que se ubica en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo significaría una inversión de US$ 2.500 millones y representa una importante fuente de recursos para una región azotada hace varios años por una alta cesantía.
La decisión del Comité de Ministros en agosto de 2017 generó polémica, tanto a nivel local como nacional. La noticia de que el proyecto se rechazaba no fue bien recibida por muchos sectores, incluso por parte de las mismas comunidades de la zona de influencia de Dominga. Pero se intuía que dicha resolución no sería definitiva, pues Andes Iron –empresa titular del proyecto– acudiría a todas las instancias para revertir el dictamen. Y así lo hizo.
La empresa ingresó un recurso de reclamación en el Primer Tribunal de Antofagasta –recientemente constituido– y este fue acogido, iniciándose un proceso de conciliación que provocó la sorpresa de los detractores de Dominga. La primera audiencia fue citada para el 14 de marzo para lograr un acuerdo entre la empresa y el Servicio de Evaluación Ambiental, quién debiese representar y salvaguardar la decisión del Comité de Ministros. Todo esto, tres días después de que asumieran las nuevas autoridades políticas del país. Pero el nuevo gobierno se retiró de la conciliación, dejando que sea el tribunal el que finalmente decida el futuro del proyecto.
En lo que se podría entender como una “movida estratégica” del nuevo gobierno, el presidente Sebastián Piñera designó como nuevo director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a Hernán Brücher, en reemplazo de Juan Cristóbal Moscoso.
Se suma a esto, lo expresado por el nuevo ministro de Economía, José Ramón Valente, quién afirmó que una de las primeras tareas que tendrá a cargo en el ministerio será la creación de una oficina que evalúe y destrabe proyectos de inversión, lo que favorecería el bienestar de los chilenos. Y Dominga sería uno de estos proyectos a destrabar.
Se reafirma la teoría de muchos -entre los que me incluyo- que en la decisión de rechazar este proyecto primó una visión más política que medioambiental. Y dio una muy mala señal a inversores, pues los proyectos no solo se someten a la evaluación de organismos competentes, sino que tienen la incerteza de que, a pesar de cumplir con todas las normas vigentes, el sistema puede caer en arbitrariedades que desacreditan la institucionalidad. Algo que claramente, no beneficia a los intereses de captar nuevas inversiones y fomentar el crecimiento económico de Chile, que es lo que el nuevo gobierno se comprometió ante los chilenos.
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