Parlamentarios de oposición fundamentan que el organismo está “para expulsar normas del ordenamiento jurídico, nunca para crearlas o legislar”

Con 20 votos a favor y 14 en contra, la Sala respaldó un proyecto de acuerdo que hace presente al Presidente de la República, la preocupación del Senado respecto al actuar del Tribunal Constitucional (TC) bajo la administración del juez Iván Oróstica.

En el texto de autoría de los senadores Isabel Allende, Carolina Goic, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna Provoste, Ximena Rincón, Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana y Jorge Soria, se cuestionan las competencias de dicha institución.

Los congresistas recuerdan que “la Constitución dispone en su artículo 93, que el TC solo está habilitado para expulsar normas del ordenamiento jurídico, nunca para crearlas o legislar. Esto quiere decir que tiene competencia para pronunciarse, cuando ha sido debidamente requerido  o ha debido pronunciarse por el tipo de materia de que trata, sobre si una determinada regla, es o no contraria a la Constitución”.

Sin embargo, el proyecto hace ver que “un grupo de fallos recientes TC, bajo la presidencia del señor Iván Aróstica, han producido lo que consideramos una extralimitación en sus atribuciones, invadiendo el ámbito de este Congreso Nacional y, en general, una invasión en las atribuciones de los órganos del Estado con legitimidad democrática directa llamados a crear legislación”.

Para ejemplificar lo anterior, los parlamentarios citan el caso del fallo respecto a la “despenalización del embarazo en tres causales; la preocupante expansión de las atribuciones del TC al sobre calificar como leyes orgánico constitucionales, todas aquellas normas que tanto el Senado, la Cámara de Diputados y el Presidente de la República han calificado con otro rango; la paralización en la investigación y proceso de las causas de violaciones a los Derechos Humanos, en orden de acoger a trámite y suspender las investigaciones en los procesos criminales, mientras no se resuelva el recurso constitucional”..