Miembro de Comisión de Salud no justificó hechos de violencia, pero comprende la desesperación y el drama de miles de familias que llevan meses sin recibir sueldos debido a la inacción del organismo
El caso de Miguel Ramírez, joven trabajador que decidió abrir y rociar un extintor al interior de un Compin en el centro de Santiago, como protesta por el no pago de millonarias licencias médicas hacía más de tres meses, es sólo un ejemplo de millares de casos a lo largo del país que reflejan la desesperanza y frustración de chilenos que sufren de manera doble, sostuvo el senador Francisco Chahuán.
Primero se ven afectados por un accidente o enfermedades y luego, más encima por la falta de humanidad del Compin que no tiene empacho en demorar por meses el pago de las licencias. “Esto habla de una situación dramática de personas que están enfermas que no logran que se les pague las licencias y que en definitiva tienen que sobrevivir durante meses para los efectos de poder `parar la olla` en sus casas sin tener como hacerlo. Nadie justifica las acciones de violencia frente a los funcionarios, pero acá hay inacción de los compin respecto a los pagos de las licencias, lo que no pueden ocurrir es que personas estén meses y meses sin el pago de sus licencias, eso es faltarle el respecto a los chilenos”, argumentó el parlamentario miembro de la Comisión de Salud del Senado.
Chahuán exigirá que el Ministerio de Salud ponga en marcha un plan piloto que automatice el pago de las licencias médicas, con un plazo máximo de 30 días. Actualmente en Chile existe un retraso en más de 25 mil licencias, 10 mil de ellas sólo en la Región Metropolitana, siendo las licencias psiquiátricas las con mayor nivel de no pago.
El senador reiteró que el sistema está funcionando mal y es necesario abordarlo con urgencia, recordando que el trabajo en Chile esta está garantizado y por ende el pago de un sueldo y los beneficios. Cualquier incumplimiento, incluso por el no pago de las licencias que reemplazan al salario, podrían ser considerados como la vulneración de un derecho constitucional.