La iniciativa surgió del Comité de Contratistas Generales, quienes recomendaron la realización de una exposición que explique la nueva ley 21.595 y modelo preventivo de delitos económicos

Tras las modificaciones que sufrió la Ley 20.393 y la ampliación del catálogo de infracciones en la recientemente publicada Ley 21.595, Delitos Económicos y Ambientales, la Cámara Chilena de la Construcción de Calama y, en específico, el Comité de Contratistas Generales realizó una charla que analizó el nuevo contexto que deben cumplir las empresas en Chile.

Es así que se invitó al jefe Ambiental de Icafal Inversiones S.A, Felipe Landero López para que explique a los socios y socias el nuevo escenario con el que se han de enfrentar las compañías y cómo desde ya ir preparándose para dar cumplimiento a los cambios legales tendientes a cuidar delitos económicos y ambientales.

Este nuevo cuerpo normativo comenzará a regir en septiembre de 2024 y entrará en vigor un año después de su publicación en agosto de 2023, lo que da tiempo suficiente para ir adecuando los modelos preventivos de las empresas. Así lo expresó Felipe Landero, quien manifestó que “el llamado es que las empresas que actualmente tienen un sistema de compliance a partir de la ley anterior, hoy día se tomen el tiempo para actualizar sus sistemas y así ajustar los modelos a su realidad para que sean efectivos y no sean realmente un modelo pequeño ni más grandes de lo que efectivamente corresponde”.

La Escuela de Negocios EALDE, explica que “la función de Compliance permite a las organizaciones evitar sanciones, pérdidas económicas o efectos negativos sobre su reputación, como consecuencia de incumplir con normativas, leyes o códigos de conducta. Es por ello, que el cumplimiento está muy relacionado con la gestión de riesgos. Se trata, en definitiva, de evitar riesgos derivados del incumplimiento legal”.

El vicepresidente Gremial de la CChC Calama, Víctor Ramírez Figueroa, dijo que “en el Comité de Contratistas Generales visualizamos esta modificación de la Ley de delitos económicos y ambientales. Y, efectivamente, esta es una ley que eventualmente se podría aplicar a algunas empresas socias de la cámara y eso es lo que buscamos: dar a conocer cuáles son los alcances de esta ley y cómo ésta, eventualmente, nos podrían aplicar en función de las actividades de cada una, y del tamaño de cada empresa”. Es más, agregó “como Cámara Chilena de la Construcción tenemos que estar muy atentos a todos estos cambios normativos que, eventualmente podrían afectar o aplicar a nuestros socios”.