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Después de una acusación de eventual borrado de documentos que explicaban diversos aspectos del TPP11 en medios de comunicación, el Consejo para la Transparencia indicó que “es fundamental la gestión documental y la transparencia proactiva, puesto que “si no es simple acceder a la información no promovemos diálogos informados”.
Se trata de los antecedentes que se hayan tenido a la vista para conceder o denegar beneficios intra penitenciarios, como salidas esporádicas o de fin de semana, entre otros, de Celestino Córdova y los primos Tralcal.
La repartición se retractó de la versión inicial entregada al Consejo para la Transparencia, que negaba el acceso a copias de las comunicaciones de la exautoridad del Gobierno de Sebastián Piñera argumentando que los registros habían sido borrados, y pidieron cuatro meses para cumplir con la entrega de esta información.
El Servicio Nacional de Migraciones se encuentra dentro del plazo estipulado por la norma para entregar los antecedentes.
Documento reúne recomendaciones básicas orientadas a explicar de forma sencilla la regulación vigente y reforzar la protección de datos personales que se manejan en instituciones de la administración central y municipios, incluyendo la reducción de accesos no autorizados y de tratamientos indebidos de este tipo de información.
La entidad no había respondido a dos solicitudes de datos que consideran variables como armas utilizadas, nacionalidad, edad y sexo de las víctimas, entre otros.
Análisis contempló información de lobby registrada por 278 organismos públicos entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 2022, acorde a lo que establece la Ley N° 20.730, que busca transparentar las actividades de lobby y gestiones de intereses particulares.
En el encuentro ambos personeros destacaron acciones de capacitación a funcionarios públicos en pro de la transparencia de las acciones de las autoridades y servicios locales.
CPLT analizó comportamiento de autoridades en materia de Lobby a nivel municipal a un año de asumir y remitió antecedentes a la Contraloría. Cerca de un 8% de los concejales no están registrados como “Sujetos Pasivos” acorde a lo que establece la norma o sus inscripciones no están vigentes para el actual período, lo que impide que registren sus audiencias, viajes y donativos.
Organismo abordó en detalle a aquellos “mecanismos que impidan a quienes tuvieren dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, desempeñar funciones públicas”.
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