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La independiente Krist Naranjo -quien puede apelar hasta el 29 de agosto- habría cometido estas faltas durante el 2021 y 2022 recién asumida en el cargo.
Paralelamente los ediles trabajan con la Bancada Municipal para impulsar iniciativas como un proyecto de Ley interpretativo del Estatuto Administrativo, dado que el traspaso implicaría sobrepasar el 40% que por Ley están facultados para destinar a personal a contrata.
Equipos del Gobierno Regional y del Minvu trabajaron 90 días en levantar las observaciones del plan, que considera gestiones en Iquique, Alto Hospicio y Huara, para así determinar materias como, por ejemplo, las zonas de construcción de nuevas viviendas o zonas económicas.
Edil rancaguino informó además que se emitió una resolución que establece que las corporaciones municipales no podrán efectuar compras directas por más de 10 millones de pesos, la mitad de lo que estaba establecido con anterioridad al oficio.
Gloria de la Fuente, titular del CPLT, destacó que “El vacío en el que estaban las corporaciones municipales y en que están otras entidades de derecho privado debía aclararse”.
Participaron del encuentro Gloria de la Fuente, Jorge Bermúdez, Elisa Loncon y Jaime Bassa, quienes anunciaron la firma de un convenio de colaboración entre la Convención Constitucional y los organismos.
Video columna de Pedro Huichalaf R. Abogado. Docente delCentro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Ex subsecretario de Telecomunicaciones.
Jorgue Jaraquemada planteó que “Podríamos formar una mesa de trabajo y avanzar en medidas concretas”, para dar una respuesta sustentable y más integral a la crisis de confianza.
Presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Senado señaló que aumento solicitado por la empresa equivale a la construcción de doble vía Ancud – Chonchi.
Actualmente son 256 instituciones del nivel central del Estado y 14 los municipios que ya cuentan con estas herramientas, utilizadas como mecanismos para prevenir la corrupción. Para fomentar su creación, las autoridades del Subdere, Servicio Civil, Contraloría y PNUD, fijaron como meta que, para 2024, el 100% de los gobiernos locales cuente con su propio código de ética,
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