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Tras reunión del pleno del máximo tribunal de justicia de la zona, se acordó entre otras medidas el restringir la atención a público, estableciéndose la atención telefónica y por correo electrónico como regla general.
En fallo dividido el principal centro de justicia de la región de O´Higgins dispuso además la limitación del uso de gases lacrimógenos.
Los integrantes del pleno del máximo tribunal decidieron de forma unánime remover al juez Elgueta, mientras que en el caso de Vásquez, la votación fue dividida por 11 votos a favor y 7 en contra.
En la ocasión el Presidente del tribunal de alzada, Pedro Caro, detalló los desafíos de la Corte rancagüina: “todo lo que hemos vivido nos lleva a proyectar cambios y metas indispensables para recuperar la confianza de la comunidad, visualizando la crisis como la mejor oportunidad que tenemos para perfeccionar el sistema judicial”.
Para abordar los desafíos presentes y futuros de un poder judicial que ha estado entre dichos su proceder en el último año, conversó en exclusiva Poder y Liderazgo con el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro Romero, quien asumió en marzo pasado en medio de la principal crisis del poder judicial
La presidenta de la Comisión Investigadora declaró que esto podría ser constitutivo “al menos de un reproche”, ya que el presidente de la República tiene la facultad “la revisión de los currículum, de la conformación de las ternas y las quinas que se presentan”.
Pese a la ausencia del Fiscal Nacional, la presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, valoró la exposición del fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, quien informó primeros pasos para el establecimiento de un protocolo para regular las reuniones con personeros políticos.
Defensa del ministro Emilio Elgueta, actualmente acusado y suspendido por una serie de irregularidades al interior de Corte de Apelaciones de Rancagua, se hizo parte del recurso de protección impulsado por el fiscal Carlos Palma en contra de su par Sergio Moya, que instala una serie de dudas respecto de la forma en que se ha investigado el mediático proceso que involucra a tres magistrados y una serie de casos de relevancia nacional.
El primer citado de la instancia legislativa fue el ministro de Justicia, quien explicó a los diputados que fue la Seremi de Rancagua quien de manera anónima recibió audios que involucraban a traficantes de drogas que aludían a los ministros de la Corte de Apelaciones investigados.
El titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) destacó que independiente de las herramientas que utilicen las instituciones se debe debatir y definir controles más adecuados para abordar esta crisis en la Fiscalía de la región de O´Higgins.
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