Una de las prioridades de la cita internacional que reunirá a representantes de 21 economías del mundo, es la sociedad digital, por lo que adquiere relevancia definir un marco regulatorio común en materia de protección de datos personales

El Consejo para la Transparencia (CPLT) valoró el trabajo desarrollado por el grupo de expertos en Anticorrupción y Transparencia que se desarrolló recientemente en nuestro país en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC)

En la apertura de este taller de trabajó – que contó con la presencia del presidente del CPLT, el ministro de la Secretaría General de Gobierno (SEGPRES), Gonzalo Blumel, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott-, se abordó, entre otras temáticas, el rol de entidades de Gobierno en la implementación de iniciativas pro integridad y transparencia a partir del uso de tecnología.

En esta instancia, en la que se mostraron buenas prácticas del sector público en materia de prevención de la corrupción, el presidente del Consejo, Marcelo Drago, detalló los alcances de dos iniciativas impulsadas por el CPLT y que han permitido elevar los niveles de trasparencia en el Estado: Infolobby e Infoprobidad. Ambas plataformas digitales permiten acceder a millones de registros sobre autoridades y funcionarios en materia de audiencias, viajes donativos y declaraciones de intereses y patrimonio, entre otros.

Para Chile una de las prioridades de este año APEC es la sociedad digital, por lo que adquiere relevancia definir un marco regulatorio común en materia de protección de datos personales, una de las dimensiones adquiere relevancia considerando el flujo de datos en el marco de una Economía Digital.

En este marco, el presidente del Consejo -institución que participa como delegado en el grupo de trabajo sobre protección de datos-, expuso detalles de la ley vigente en esta materia en nuestro país y los avances del proyecto que moderniza la normativa. Su redacción actual amplía las facultades del CPLT, por su carácter autónomo e independiente, y establece que sería el órgano garante del cumplimiento de las obligaciones legales sobre protección de datos personales.